La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) recibió este lunes, 14 de marzo, el informe “Etnocidio y racismo estructural en la Orinoquía” en el que se denuncian prácticas que se “profundizaron” durante el conflicto armado, presentado por los pueblos indígenas de esa región colombiana.
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El informe busca aportar al esclarecimiento de la violencia ejercida contra los pueblos indígenas de la región, que incluirían un exterminio físico y cultural de los habitantes originarios de la Orinoquía.
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En la entrega participaron representantes de las etnias amorúa, maibén masiware, tshiripu, sikuani y cuiva, y organizaciones sociales, defensoras derechos humanos y organismos internacionales, entre otros.
El documento incluye casos representativos con el perfil sociocultural de las comunidades y los hechos victimizantes desde los testimonios recolectados, así como un análisis sobre los tipos de violencia basadas en género y violencia sexual ejercidas en su contra.
Además, contiene una propuesta de lineamientos técnicos sobre trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador desde una perspectiva étnica, según un comunicado compartido por la Red Llano y Selva.
Esta red está formada por nueve organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y una organización psicosocial que acompañan a comunidades víctimas del conflicto armado en la región de los Llanos Orientales.
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Este grupo de víctimas elaboró el informe con el objetivo de “aportar al esclarecimiento de las violencias ejercidas contra los pueblos indígenas de la región las cuales han configurado las condiciones para un exterminio físico y cultural de los habitantes originarios de la Orinoquia, violencias que se pueden rastrear desde la época de la Colonia y que se vieron profundizadas en el marco del conflicto armado”.
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Informe de la Defensoría del Pueblo
También este lunes, la JEP recibió de manos de la Defensoría del Pueblo el informe solicitado por el Sistema Integral para la Paz en abril de 2021 que busca acabar con el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC.
Ante la grave situación de derechos humanos y la falta de medidas de seguridad que garanticen la participación de las víctimas y los excombatientes, la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas le pidieron a la Defensoría “trazar una ruta para proteger a esta población”.
Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, el informe busca “dar mayor agilidad al proceso de implementación de las medidas de seguridad y todas las acciones que están involucradas en la implementación de política pública” para proteger a los defensores y líderes sociales.
