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Paro armado agravó crisis humanitaria en varias zonas del país: Defensoría

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reveló los departamentos más afectados tras la toma del ELN.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo (Captura de video)

El ELN a través de una comunicación oficial dio a conocer que durante tres días, 24, 25 y 26 de febrero entraría en lo que denominó un ‘Paro Armado’. Este hecho, que básicamente está relacionado con ataques que buscan paralizar el transporte y el comercio en Colombia generó grandes efectos en zonas específicas del país.

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Ante los hechos de violencia presentados durante esos días, este miércoles 9 de marzo el defensor del Pueblo Carlos Camargo, indicó los efectos que dejó el paro armado ejecutado por el ELN en el territorio nacional.

“Durante el mes de febrero registramos que el denominado Paro Armado agravó la crisis humanitaria de varias comunidades de Arauca, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, donde se presentaron 6 eventos de desplazamiento masivo y 2 situaciones de confinamiento”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

De acuerdo con el boletín de Movilidad Humana Forzada de la Defensoría del Pueblo del segundo mes del año, los dos desplazamientos masivos más fuertes afectan a 365 personas (de 85 familias), en los municipios de Istmina y Sipí, en Chocó. Y un confinamiento en Bojayá, que afecta a 3.700 personas, de 915 familias.

Mientras tanto, en Buenaventura los grupos armados ilegales incrementaron sus disputas y las presiones a la población, por lo que se agravó la situación de confinamiento de cerca de 8.000 personas, entre las que hacen parte las comunidades indígenas y afrodescendientes.

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Además, las extorsiones o ‘vacunas’ a comerciantes, transportadores y operadores turísticos, entre otros, por parte de los grupos armados ilegales que exigen financiar la ‘seguridad,’ aumentaron notablemente.

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La crisis humanitaria deja como víctimas a las comunidades étnicas afrocolombianas (Negria -Acadesan y Barranconcito); indígenas (resguardos indígenas Cañamomo Lomaprieta, Uva- Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Rio Napipi) y campesinas.

Finalmente, el defensor del Pueblo pidió a las autoridades del orden departamental y Nacional tomar las medidas necesarias para mitigar los impactos sobre las comunidades.

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