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Este lunes, 31 de enero, se conoció que Colombia pidió formalmente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ser retirada del mapa de países en donde existe inseguridad alimentaria.
El informe fue publicado reciente y fue titulado como “Focos de Hambre”. Ante la solicitud, la FAO aceptó revisar el mapa para “reflejar mejor” la situación del país.
Según la FAO 7,3 millones de personas en Colombia necesitarán asistencia alimentaria en 2022 y destacó que los riesgos en la seguridad alimentaria se darían por una combinación de “inestabilidad política, el impacto de la pandemia de COVID-19, la crisis migratoria regional y el desplazamiento interno”.
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Según la vicepresidenta y canciller, Martha Lucía Ramírez, no se tuvo la posibilidad de conocer el informe antes de ser publicado para intercambiar opiniones y analizar el funcionamiento de los programas gubernamentales.
“No tenemos ningún conocimiento de la metodología (del informe)... desafortunadamente no tiene suficientes cifras que soporten las afirmaciones y si tiene un mapa en el cual hace aparecer a Colombia como uno de los países que pueden llegar a tener una situación más crítica en seguridad alimentaria”, afirmó Ramírez en una rueda de prensa en la que partició FAO.
El representante en Colombia de FAO, Alan Bojanic, explicó que el informe tenía la intención de llamar la atención de la inseguridad alimentaria aguda en la población de migrantes venezolanos, que el país ya son dos millones de personas.
Bojanic agregó que de “ninguna manera se está hablando de la seguridad alimentaria nacional” en Colombia y reconoció los esfuerzos del gobierno.
“Lamentablemente, el informe no lo refleja, debería reflejar las capacidades, una cosa es tener un problema de inseguridad aguda en un grupo poblacional y otra pensar que el país esté afectado por una situación de deterioro”, dijo Bojanic.
En el informe de la FAO se advierten los riesgos en la seguridad alimentaria en países de la región como Haití y Honduras y en el resto del mundo como Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen porque están en un nivel “alto” de alerta en esta materia.
