Ana Carolina Vélez Salgado, es el nombre de la esposa del exjefe paramilitar ‘Jorge 40′, a quien víctimas del conflicto señalan de beneficiarse con un contrato de la Unidad de Víctimas.
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Con preocupación, las víctimas del conflicto armado alegan que la Unidad de Víctimas estaría sosteniendo un contrato con el que se beneficiaría económicamente la mujer señalada.
La situación fue expuesta por Luis Fernando Lara Vásquez, campesino víctima del conflicto armado y hoy candidato a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en el Congreso. Al respecto, el candidato expresó en W Radio que los recursos están dirigidos a Vélez, esposa del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Lara comentó que esto representaría inconsistencias al interior de la Unidad de Víctimas y que esto se podría deber a que el hijo del exjefe paramilitar está en la ofician de víctimas del Ministerio del Interior.
Según comentó el candidato, la Unidad de Víctimas ahora “obedece a unos intereses de la familia del exparamilitar”. También agregó que le preocupa que el tema no ha tenido la suficiente visibilidad y que han hecho todo lo posible por dársela.
Esposa de exparamilitar ‘Jorge 40′ estaría beneficiada con contrato de Unidad de Víctimas
“Más que abandono, hay un poco de negligencia por parte de los funcionarios de la Unidad de Víctimas. Se debe averiguar todo lo que tiene que ver con la indemnización hacia las víctimas del conflicto”, comentó el candidato y víctima del conflicto.
Por su parte, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Víctimas, Vladimir Martin, dijo que el inmueble objeto del contrato de arrendamiento es de una persona jurídica. “El contrato fue suscrito mediante un poder, un contrato que suscribió una sociedad limitada, no Ana Carolina Vélez”, señaló.
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En este mismo sentido, el jefe de la Oficina Asesora dijo que “El Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo inmenso. Ha sido el que más recursos ha destinado (a las víctimas)”. Además, añadió que “queremos renovar nuestro esfuerzo para seguir trabajando en esa línea de reparar a las víctimas”.
Sobre el inmueble, el hombre también afirmó que se hizo un supuesto estudio de mercadeo y que ese era el que cumplía con todas las condiciones para que la sede de la Unidad de Víctimas pueda funcionar.
Por último, acotó que “los contratos fueron suscritos de acuerdo al marco normativo y hay un criterio de transparencia, pueden ser consultados por la ciudadanía”.
