Como presunto responsable del secuestro de la periodista Jineth Bedoya, el dragoneante del Inpec Marco Javier Morantes Pico fue acusado por la Fiscalía General de la Nación.
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Ahora, el acusado por el ente judicial deberá enfrentar cargos por el delito de secuestro simple agravado.
La investigación de la Fiscalía habría revelado que Jineth Bedoya llegó a la cárcel La Modelo de Bogotá, con el objetivo de hacer una entrevista a Mario Jaimes Mejía, alias ‘Panadero’, un exparamilitar.
Morantes habría atendido a Bedoya en la puerta del centro penitenciario, estaba encargado del filtro de acceso y habría hecho esperar durante casi media hora a la periodista.
El dragoneante, al parecer, le habría dicho que su ingreso estaba autorizado, pero que tenía que esperar una boleta, que no existía. La demora, según habría arrojado la investigación, era para que ella quedara sola. En ese momento, la víctima fue abordada por un hombre armado que se la llevó en un carro hacia un bodega.
Allí, la víctima habría sido retenida, torturada y abusada sexualmente, según arrojó la investigación.
Fiscalía acusa a dragoneante del Inpec por secuestro de Jineth Bedoya
Luego de los hechos, la periodista habría sido llevada por un grupo de personas que la abandonaron en vía pública de Villavicencio, Meta.
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La Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos habría establecido que la acción fue planeada por exintegrantes de las AUC y narcotraficantes que estaban en la cárcel. De igual manera, se habría logrado establecer que esta acción habría tenido apoyo de funcionarios de la Fuerza Pública y del Inpec.
Las acciones criminales en contra de Bedoya se habría planeado como una forma de retaliación por el tipo de contenido que publicaba la periodista.
Según se evidenció, venía publicando y denunciando hechos criminales, como tráfico de armas y enfrentamientos de sangre en patios de guerrillas y paramilitares que se daban al interior de la cárcel.
En la resolución de acusación contra Marco Javier Morantes Pico se confirma que debe ser enviado a la cárcel y que Migración Colombia y autoridades debe garantizar que no salga del país y responda ante la justicia.
El proceso se ha seguido de acuerdo a los lineamientos de la Ley 600 de 2000, del anterior sistema penal del país.
