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La restitución de tierras en Colombia solo avanzó un 8,6 % en 10 años

Desde el segundo semestre de 2018 hubo un freno en el proceso.

Cortesía Unidad de Restitución de Tierras

La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de Colombia, que permite indemnizar a los afectados por el conflicto armado y la devolución de terrenos usurpados a sus legítimos dueños, solo ha tenido un avance del 8,6 % desde que entró en vigencia hace 10 años.

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Así lo releva el informe “Balance sobre la restitución de tierras”, publicado este miércoles por las fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación (Pares), que señala que han sido presentadas ante el Gobierno 133.902 solicitudes de restitución, de las cuales apenas han sido resueltas judicialmente en sentencias 11.358, equivalentes al 8,6 %.

“Un 65 % de las solicitudes (...) que han llegado al Gobierno a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) han sido rechazadas”, detalló Gerardo Vega, vocero de Forjando Futuros, en una conferencia de prensa.

El estudio señala que desde que entró en vigencia la ley, los casos crecieron hasta llegar a su promedio más alto en 2017 y en el primer semestre de 2018 con 126 sentencias por mes.

Sin embargo, desde entonces “la tendencia empezó a disminuir en un 50 %, bajando el promedio mensual a 59 sentencias, lo que hoy tiene estancado el proceso”, detallaron ambas fundaciones en un comunicado.

El informe asegura que tan solo han sido restituidas 492.851 hectáreas de las 6.500.000 despojadas, lo que corresponde al 7,6 %.

No obstante, resalta que durante estos 10 años, los jueces ordenaron a 79 empresas dedicadas a la agroindustria y a la ganadería devolver tierras, así como a nueve compañías extractivistas y diez financieras.

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PRÓRROGA

En enero de este año, el presidente colombiano, Iván Duque, sancionó una prórroga por diez años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada originalmente por el Congreso colombiano en 2011, para que esté vigente hasta el 10 de junio de 2031.

En ese sentido, el informe señala que “si bien esta norma ha sido prorrogada por diez años más en el Congreso e irá hasta el año 2031, deben buscarse mecanismos más rápidos y eficaces para que se logren las metas planteadas inicialmente”.

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