La Alcaldía de Bogotá denuncia que los voceros políticos (que no son Embera) de las comunidades que están ocupando de manera ilegal el Parque Nacional, están condicionando el avance del diálogo para el traslado de los Embera a otros lugares a cambio de contratos para ellos mismos por $114 millones de pesos.
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Según la denuncia, estos voceros políticos también están exigiendo la financiación de ollas comunitarias por $104 millones, para un total de $218 millones de pesos.
Alcaldía de Bogotá denuncia que voceros de indígenas Embera están exigiendo millonarios contratos
A través de un correo electrónico, enviado el domingo 7 de noviembre al subsecretario de Gobierno y en mesas de diálogo, los voceros políticos de esta comunidad solicitaron esos contratos de prestación de servicios con el Distrito; listado que incluye a la señora María Violet Medina Quisque, quien actualmente ejecuta dos contratos en diferentes entidades y exige otro más. En ese mismo correo exigieron el dinero para las cuatro ollas comunitarias, cada una por un valor de $26 millones.
De otro modo, el subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho, denunció ante la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) la presunta vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes de los que están en el Parque Nacional y solicitó que se proceda con la debida inmediatez a verificar y a restablecer los derechos de los menores, teniendo en cuenta que desde el 29 de septiembre, día en que inició la ocupación ilegal, 29 niños y niñas han sido trasladados a centros hospitalarios, 4 niños y 2 adultos continúan hospitalizados, 26 mujeres embarazadas se encuentran en riesgo y se han atendido 3 partos en condiciones precarias.
“Lo que estamos viendo allí es una clara vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, combinada con intereses políticos y económicos, exponiéndolos a todo tipo de enfermedades, al sol y al agua y condicionando su traslado a cambio de contratos y ollas comunitarias como si estuvieran en campaña. Ayer mismo hicimos la denuncia ante el ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia. No vamos a permitir que en Bogotá instrumentalice a ningún menor”
— indicó Daniel Camacho, Subsecretario de Gobierno.
