Este domingo 6 de julio, los organismos de socorro recuperaron tres nuevos cuerpos sin vida en la vereda Granizal, en el municipio de Bello, zona donde el pasado 24 de junio ocurrió un deslizamiento de tierra de gran magnitud. Con este hallazgo, la cifra de víctimas mortales asciende a 25 personas, entre ellas dos adultos y un menor de edad, según confirmó la alcaldesa Lorena González Ospina.
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Las labores de búsqueda y rescate continúan, con más de 220 personas organizadas en seis cuadrillas apoyadas por siete máquinas especializadas. Las autoridades reportan que cinco personas siguen desaparecidas.
Gracias a un convenio entre la Alcaldía y EPM, se han distribuido más de un millón de litros de agua potable, así como alimentos y elementos de aseo en los albergues temporales habilitados para las familias damnificadas. La Administración Municipal también hizo un llamado a la solidaridad ciudadana, solicitando ropa nueva, kits de aseo y pañales.
El deslizamiento en Granizal es considerado el más grande en la historia reciente del Valle de Aburrá, al desprenderse más de 75.000 metros cúbicos de tierra, superando tragedias como la del barrio La Gabriela (2010) o Villatina (1987). La emergencia ha dejado en evidencia la vulnerabilidad estructural de los asentamientos informales que crecen en zonas de alta pendiente, sin servicios básicos ni control urbanístico, y muchas veces bajo el control de grupos armados.
Según proyecciones oficiales, antes de 2030, más de 300.000 personas vivirán en zonas de alto riesgo en el área metropolitana, siendo Medellín y Bello los municipios más afectados. En Medellín, las comunas 1, 3, 8 y 13, junto con los corregimientos San Cristóbal y San Antonio de Prado, concentran los puntos más críticos por su inestabilidad geológica.
El director del Dagrd, Carlos Quintero, informó que se mantiene el monitoreo en sectores como Los Balsos, San Cristóbal, Villatina y Santo Domingo, donde podrían registrarse nuevos movimientos de masa debido a las lluvias.
La crisis de Granizal no es un caso aislado, sino el reflejo de una problemática estructural relacionada con la falta de planificación urbana, el déficit de vivienda y la intensificación del cambio climático en zonas densamente pobladas del Valle de Aburrá.
