La Procuraduría General de la Nación informó que le formuló cargos a exsecretario de Inclusión social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín bajo la cabeza de Daniel Quintero Calle. Se trata de Juan Pablo Ramírez Álvarez quien estuvo en el cargo entre el 2021 y el 2022, tiempo en el que habría utilizado su cargo para ejercer presión sobre sus subalternos a quienes les exigía dineros para respaldar su causa política por montos que iban desde los 300.000 hasta 1 millón de pesos.
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Además, el ente de control también incluyó en el pliego de cargo a otros dos exfuncionarios de la administración municipal. En este caso se refiere a los exsubsecretarios de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín Correa (2021-2022), y de Gestión de Bienes de la Alcaldía, Fredy Alfonso Agudelo Bolívar (2021).
Exfuncionario de Daniel Quintero pedía dinero a sus subalternos
La Procuraduría indicó que “al parecer, los investigados habrían organizado una reunión el 8 de agosto de 2021, en la que aparentemente incurrieron en un posible proselitismo político, pues pidieron un aporte en dinero, que oscilaba entre los 300 mil pesos y un millón de pesos, a los servidores públicos presentes como membresía para pertenecer a la corporación ‘El futuro se parece a nosotros’, y así respaldar causas políticas de la región”.
Para el Ministerio Público, Ramírez se habría valido de su cargo y poder dentro de la Alcaldía para ejercer una fuerza determinadora “orientada a conseguir de los servidores asistentes no solo la atención, sino a determinar su comportamiento hacia un sentido: realizar aportes económicos a la corporación o fundación El futuro se parece a nosotros”.
Además, según el ente de control “habría quebrantado sus deberes funcionales, pues el propósito de su cargo y sus funciones no contemplaban impulsar organizaciones de carácter particular, ni su presentación y promoción, como tampoco fomentar el aporte de dinero por parte de servidores públicos, menos aun de sus subalternos, para el financiamiento de sus actividades”.
Al respecto, la Procuraduría calificó la presunta actuación de los investigados como una falta gravísima cometida a título de dolo, por lo que lo afectaron con dos cargos disciplinarios.
