Medellin

Mandan a la cárcel a cinco policías por exigir pagos a comerciantes para no retenerles la mercancía

Los uniformados durante tres años le exigían pagos a los comerciantes y extraer información de las guías de embarque.

Capturado. Imagen de referencia. (Cortesía)

Este martes, 28 de febrero, se conoció la condena que recibieron cinco uniformados de la Policía Nacional y un civil por haber exigido pagos a comerciantes a cambio de no retenerles la mercancía. Los pagos estaba entre 500.000 y 1.500.000 pesos. Los hechos se habrían registrado entre mayo del 2018 y marzo del 2021 en Medellín.

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De acuerdo con un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín permitió un juez penal del circuito condenó a cinco policías y un particular, por el delito de concusión.

Cinco policías condenados por exigir pagos a comerciantes

“Se trata del intendente de la Policía Nacional Rafael Eduardo Huérfano Alfonso y a los patrulleros Nider Alexis Monroy Giraldo, José Miguel Barrera López y Luis Antonio Pineda Marín, quienes fueron sentenciados a 10 años y 11 meses de prisión. El subintendente Fernando Poloche Urbina, condenado a 10 años y 1 mes; y le particular Fabio de Jesús Gómez Tabares a 8 años y 2 meses”, informó la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador informó que los hechos se registraron entre mayo de 2018 y marzo de 2021 cuando los policías se aprovecharon de sus cargos en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para exigirle a varias personas pagos de entre 500.000 y 1.500.000 para no retenerles mercancías, presuntamente, comprometidas en irregularidades con la administración de impuestos.

“Labores de policía judicial evidenciaron que los datos personales de las víctimas fueron extraídos ilícitamente por los procesados de las guías de embarque que reposaban en las oficinas de una empresa de envíos”, indicó la Fiscalía.

Uniformados de la Dijin de la Policía Nacional ejecutaron la captura en diciembre de 2021 a los ahora sentenciados y ahora el juez del caso los condenó y deberán cumplir las sentencias en un centro penitenciario. Sin embargo, esta decisión fue apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

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