Nunca antes en los últimos 20 años se había visto el desborde de la corrupción administrativa en Colombia; en años anteriores un aforismo propio de campaña del entonces presidente Turbay indicaba “llevar la corrupción a sus justas proporciones”, y no estaba de más que en su momento así lo indicara; hoy por hoy el descontento y desenfreno de actos impropios al deber ser de la función pública no tiene precedente alguno, sin embargo llama la atención que por cuenta del escándalo más reciente, Odebrecht, se han opacado asuntos de igual o mayor trascendencia, como por ejemplo el escándalo de la probable entrega de 12 millones de dólares de la mafia a dos cercanos asesores de la actual administración.
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De los sobornos de la firma brasileña pocos se han salvado, pero vale indicar que son más los funcionarios cuestionados de la actual administración que los de administraciones anteriores, lo único cierto es que quizás el actor más cercano a los recursos de Odebrecht en el actual Gobierno son sin duda las Farc, ya en anteriores columnas se cuestionó el silencio “cómplice” de este grupo en el asunto, en el que por cuenta de corrupción administrativa fueron a parar a filiales de la empresa brasileña 120.000 millones que estaban destinados al campesinado de Colombia. Ante esos hechos el grupo ilegal no menciona absolutamente nada, bastaba saber el porqué.
Marcelo Odebrecht, cabeza en jefe de la multilatina corrupta, en su más reciente declaración a la revista Veja, indica que desde hace cerca de 20 años venía dando a las Farc cuantiosas sumas de dinero en razón de poder tener operaciones en zonas donde tenía presencia el grupo guerrillero; es que es apenas obvio y muy diciente la manera en que los “padres” de la moralidad pública, como nos quieren hacer ver hoy en día a las Farc y sus cabecillas, miran a otro lado cuando de Odebrecht se trata, de igual forma cuando se les cuestiona por la entrega de los menores reclutados por sus frentes, como su influencia operativa en zonas donde los cultivos de coca van en aumento.
Es que las más de 200.000 nuevas hectáreas de coca, y las que se suman, extrañamente, son en donde se siente la presencia de las Farc y en donde históricamente han ejercido cierto control. El departamento de Estado junto con el Justicia de los Estados Unidos han presentado públicamente sus reparos al asunto del narcotráfico, en razón del evidente aumento de narcocultivos en Colombia, asunto que en administraciones anteriores había sido enfrentado con verticalidad constante; la labor de la Fiscalía General de la Nación en el caso Odebrecht ha sido muy valiosa, pues ya están indagadas las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, por la adición al contrato de la Ruta del Sol por cerca de un billón de pesos sin licitación alguna.
Hay mucho silencio en relación con esos 120.000 millones que le “regalaron” en el Banco Agrario a la compañía Navelena, filial de Odebrecht en Colombia. Sería buenísimo que la Fiscalía indagara las relaciones de miembros de la junta directiva del banco, sus familiares y amigos, con todas las filiales de Odebrecht, muy seguramente encontrará perlas que llevarán a nuevos escándalos. Por lo pronto solo podemos decir que eso sí está documentado; por el contrario, no existe indicio alguno que lleve a pensar que Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, autorizó en su momento o propició el pago de una factura a un asesor de parte de un “lambón” a su campaña.