Son muchos los cuestionamientos que hoy nos hacemos frente a la institucionalidad en Colombia, para empezar es apenas anecdótico y no simplemente “incidental” que cuando la paz viste a la moda, se instalen petardos en el centro de Bogotá; no es incidental que existiendo un estatuto vigente contra la corrupción, se destape el escándalo mas vergonzoso de corrupción administrativa en Latinoamérica, asunto que de entrada deja mal parada a la actual administración, el mal sabor que deja la adición a un contrato millonario, la cual es cercana a un billón de pesos sin licitación alguna a la compañía Odebrecht, ello se realizó justo cuando se disputaba la presidencia de la república en el 2014.
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La corrupción parece no tener freno ni contexto alguno, se investigan a los responsables de todos los sobornos por cuenta de esta multilatina brasileña, pero no se cuestionan a los socios locales, es decir ¿salieron mas de 10 millones de dólares, y Corficolombiana y el grupo Solarte no se dio cuenta? Estas dos ultimas compañías socias de Odebrecht en Colombia ¿nunca preguntaron a dónde iba ese dinero? Llama la atención que ni la fiscalía ni ningún otro órgano de control hace lo propio, como reza el estatuto anticorrupción, pero lo peor aun es que probablemente todo ese “baile” de millones de dólares se dio muy posiblemente para comprar conciencias y mandar a callar a quien se atravesara al proceso de paz a favor de las Farc y este continuara.
Paradójico que las Farc que tanto cuestiona la corrupción, “la tiranía”, “el nepotismo”, y cuanta sandez reclaman, guarden silencio frente a semejante escándalo que solamente enreda a la actual administración. Es que fue Cecilia Álvarez, ex ministra de transporte, quien adicionó el contrato a Odebrecth, y eso sí consta en documentos. Las Farc, tan “preocupadas por el campesinado colombiano”, pero guardan estricto silencio de la dádiva de 120 mil millones por parte del Banco Agrario a una filial de Odebrecht, a eso no le ven pero alguno, ¿dónde están los responsables de semejante esperpento antieconómico?, lejos del objetivo misional del Banco de los campesinos de Colombia.
La guerra urbana nos la trajeron, esa que pone petardos por doquier, esa misma que promete elegibilidad e impunidad a los violentos, esa que plasmó una “carta” antidemocrática a favor de las Farc y en contra de Colombia, esa misma que sustituye la Constitución, la justicia, pone y quita jueces, esa misma que premia el narcotráfico como delito político, esa que cambia las reglas para modificar nuestra constitución, esa misma que le hizo conejo a los ciudadanos que votaron NO en el plebiscito; enrostrar el futuro con cartas claras no es una opción, es un deber, por ello es menester ir encendiendo faros para evitar el mayor desastre antidemocrático.
Los vientos de la lozanía opositora le marcaran a Colombia derroteros para dejar a las nuevas generaciones lo único que no se roba la corrupción: ¡el ejemplo! Por ello sería no solo menesteroso aprobar los programas venideros que condenen la genuflexión del Estado de Derecho, la corrupción y la violencia; quien se le mida a ello, promoviendo cambios estructurales desde lo electoral, como una única cámara legislativa, cambiar el régimen político, modificar la estructura departamental por federal, un Senado de circunscripción nacional por federal o departamental, ayudaría no solo a descontaminar la política, también nos ahorraría dolores de cabeza.