Estaba todo planeado para que el pasado 23 de marzo se diera por firmada la paz entre el grupo terrorista de las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos, ese día se quería aprovechar la visita del presidente de los Estados Unidos a La Habana, para no solo firmar la paz, sino también para solicitar de manera reiterada al mismo mandatario del país del norte la liberación de alias ‘Simón Trinidad’; la situación planteó buscar la firma del acuerdo final para finales de mayo, nada pasó, y al parecer con el apetito de las Farc de tener y lograr todo lo que piden, genera mucha tensión en la mesa de conversaciones en La Habana, sobre todo en las dos últimas semanas.
Dentro de los puntos generadores de tensión están, desde luego, como presupuesto primario, la firma del acuerdo final, no sin antes acordar las zonas de paz que llaman las Farc, aquellas zonas serían los puntos de concentración para los “combatientes” de esta guerrilla, dentro de los anhelos del grupo ilegal está tener entre 64 y 70 zonas, a lo que los delegados del Gobierno Nacional y miembros de la Fuerza Pública han hecho reparos a tales exigencias, pues el asunto no solo sería vergonzoso, aunque posiblemente no se ruborizarían de hacerlo, él no nace del desgaste del mismo proceso en el que los resultados para la opinión pública son totalmente inexistentes.
El otro punto de diferencias entre los delegados de las partes en La Habana se centra en el condicionamiento del artículo incluido en el proyecto de acto legislativo, que desde La Habana le recomendaron incluir en dicho proyecto, faltando tan solo dos debates para culminar su trámite en el Congreso, violando los principios constitucionales de unidad de materia y consecutividad, tratándose de proyectos de acto legislativo, pues el condicionamiento que se incluyó en ese artículo de posibilitar hacer un acuerdo especial contemplado en el DIH, entre el Estado colombiano y las Farc, como si estas últimas fueran un Estado.
No solo es inocuo pensar que entre las Farc y el Estado hagan un acuerdo especial contemplado en el Acuerdo de Ginebra; para ser realmente objetivos, el condicionamiento que solicitó el Gobierno incluir, fue que puede existir un acuerdo especial como mecanismo de blindaje jurídico del proceso, siempre y cuando el plebiscito para la paz logre la victoria electoral con el apoyo de los ciudadanos, ese detalle jurídico a las Farc, desde luego, no les gustó absolutamente nada, pues son conscientes de la posibilidad de llevarse a cabo el plebiscito que gane de manera abrumadora el ‘no’, punto que volvió a poner en la mesa la solicitud de las Farc de una asamblea nacional constituyente.
Siempre que se asoman fechas para firmar el acuerdo final surgen peros; desde luego las Farc pidiendo imposibles, pronto vendrá el dilema de la dejación y entrega de armas, la cual deberá hacerse a la ONU, que garantizará y verificará no volver a utilizarlas de parte de las Farc; esperemos que algún día se firme algo, por lo pronto seria importante preguntarle a la superintendente de Economía Solidaria, Mariana Gutiérrez Dueñas, ¿dónde están los 16 billones de pesos que las Farc lavó mediante el sistema cooperativo?, incluidos bancos del sector.
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