Celebramos la llegada de la ley 1774 por la cual se penalizan algunas conductas de crueldad contra los animales. La deuda del Congreso crecía desde 2002 con 15 proyectos de ley hundidos o archivados por falta de voluntad y visión política. Ojalá este sea el comienzo de una legislación cada vez más audaz y sin excepciones.
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Por ahora, anhelamos que esta ley ayude a reducir la violencia contra algunos animales, disminuir la impunidad (o hacer algo de justicia), apaciguar los ánimos de quienes se exasperan con el dolor de los animales, enviar a los colombianos un mensaje de respeto a la vida y mejorar nuestra condición moral como sociedad.
Pero para que esta ley no dormite como su antecesora de 1989, es importante precisar contenidos, generar instrumentos y establecer procesos que favorezcan su implementación. Aún no son claros sus alcances y ya empiezan a surgir obstáculos por falta de claridad.
Por ejemplo ¿conductas aberrantes como la violación de burras serán castigadas? ¿Se sancionará el abandono? ¿Violencias inherentes a los usos comerciales de animales serán consideradas delitos? En síntesis, ¿cómo se establecerá la gravedad de una conducta para definir si menoscaba gravemente la salud o integridad de un animal y, por lo tanto, si constituye un delito contra su vida e integridad física y emocional? Los casos de mayor crueldad suelen ocurrir a puerta cerrada y no ser siempre evidentes a la vista; además, son la inmensa mayoría. Detectar y castigar la violencia emocional es el gran reto para una norma que habla de “sintiencia animal”.
Pero además ¿a dónde serán conducidos los animales víctimas o aprehendidos preventivamente? Salvo La Perla, de Medellín, no existe ninguna instalación para la protección de animales en el país. Si son entregados a fundaciones defensoras de animales ¿tendrán estas los recursos para alojarlos y atenderlos cuando jamás han recibido ninguna ayuda del Estado? Por si fuera poco, ¿dónde serán albergados los otros animales? Solo en Bogotá hay más de 30.000 de las especies bovinas, porcinas, caprinas, asnales, etcétera. Y ni qué decir del resto del país.
Precisar estos puntos de la ley, entre otros, como la aprehensión preventiva de animales sin que medie orden judicial o administrativa, y reglamentar sus procesos policivos y judiciales, son tareas urgentes.
También capacitar a los alcaldes, inspectores de Policía y jueces penales municipales que tienen las principales competencias. Si la ley de 1989 jamás dio fruto alguno fue, entre otras falencias, por el desconocimiento craso de estas mismas autoridades. Un “manual de uso de la ley” para los ciudadanos sería, igualmente, de gran utilidad.
Son vastos los retos normativos que aún nos quedan por delante, empezando por eliminar las odiosas excepciones y sacar a los animales del régimen de las cosas (por ahora meras “cosas sintientes”) y de la propiedad.
Lo cierto es que esta nueva ley “zoocéntrica” nos sitúa un paso adelante para ponerle coto a la violencia contra los animales y seguir visibilizando un conflicto que también tiene víctimas, victimarios y es asunto del Estado y de la sociedad.
Hecha la ley animal, que siga su reglamentación.
*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de PUBLIMETRO Colombia S.A.S.