La semana pasada, miles de colombianos hicimos nuevamente causa común en la indignación. Juan Sebastián Toro, el joven piloto del Rally Dakar, mató a Príncipe, el perro de una familia cualquiera, en medio de una discusión de las que se dan todos los días por el tráfico vehicular en Bogotá. Sin el más mínimo atisbo de cordura y con pretextos también desquiciados, Toro sacó su arma (¡tenía una!) y le disparó.
La violencia, que se reproduce sin distinción de especie, cobró una vida más en nuestro país. Y otra vez, como ocurrió con la masacre del toro en Turbaco, el descuartizamiento del caballo en Sucre y la carrera de gatos en Tuluá, a comienzos de este año, no pasará nada. La justicia dirá que en el asesinato de Príncipe no hubo delito y con 100.000 pesos (máxima sanción pecuniaria contemplada en la Ley 84 de 1989), en el mejor de los escenarios, bastará. Toro montará de nuevo su moto y seguirá mordiendo medallas. Eso sí, con 70.000 euros menos de sus patrocinadores.
Ese mismo día, otro perro fue torturado e incinerado, aún estando con vida, en el barrio La Soledad. Días antes, una gata fue asesinada por un residente de suba que no tuvo el menor reparo en sacar su pistola de balines y dispararle, indiferente a los gritos de horror de los niños del conjunto residencial. Tal “gaticidio” ocurrió el 24 de diciembre del año pasado; la inspección de Policía asignó un inspector siete meses después. Con tal prisa avanza la investigación.
Pero si a favor de Príncipe no pasará nada, podemos suponer lo que ocurrirá con las muertes de estas dos pequeñas vidas vagabundas, anónimas, que no tuvieron “la suerte” de ser arrebatadas por figuras públicas de la encumbrada élite deportiva colombiana, o de cualquier otra. El hombre que le disparó a la gatica, identificado y denunciado por la comunidad, hoy sigue podando el pasto de su casa y seguramente yendo a misa. El temor que sembró entre los vecinos aún no se disipa: saben que a su lado vive un sujeto armado, dispuesto a disparar su arma si alguien perturba su apacible existencia… como Toro.
Lo cierto es que mientras no haya una ley eficaz, aplicable, que configure el maltrato animal como delito y establezca competencias, procedimientos y sanciones claras, lo único que tendremos es la indignación. La ley que hoy existe está plagada de excepciones que autorizan los actos de crueldad contra los animales y establece sanciones irrisorias (de 5000 pesos) que rayan con la ignominia.
Pero difícilmente los congresistas legislarán, mientras no les exijamos que cumplan con la tarea para la cual los empleamos: poner en orden las reglas que queremos que nos rijan como sociedad. Y creo no equivocarme al afirmar que proteger a los animales es hoy una exigencia de millones de colombianos.
La buena noticia es que otros Estados ya están legislando y dando resultados; no solo porque los animales merecen protección en sí mismos, sino porque una sociedad que es condescendiente con la violencia en su contra, falla en lo fundamental.
*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de PUBLIMETRO Colombia S.A.S.
