Drogas: poder y participación

Por: Marcela Tovar, filósofa y directora de Dosis de Personalidad

Por Marcela Tovar

Es cierto que en Colombia comienzan a abrirse los espacios desde la academia y la opinión pública para discutir el tema de la política de drogas. Santos lo ha dicho públicamente varias veces: hay una necesidad de evaluarla y de llegar a un consenso global que elabore una nueva política.

En el Congreso, Juan Manuel Galán (muy cercano al presidente Santos) presentó como primer proyecto de ley el uso del cannabis medicinal y se abrió una agenda interesante de debate sobre el tema. Asimismo, el Ministerio de Justicia junto a la Fundación Ideas para la Paz viene realizando unos diálogos con la sociedad civil en el tema de drogas. Es uno de los puntos de acuerdo en La Habana y así, a nivel nacional, el tema de la política de drogas parece ser uno de los puntos a discutir en la agenda pública.

Es verdad que incidir políticamente es lograr anclar y negociar reivindicaciones en las esferas del poder para movilizar agendas. Desde este punto de vista, el cabildeo en pro de una reforma de política de drogas ha ido surtiendo efecto y los espacios de élite nacional han aportado bastante a la visibilización de la misma.

Pero, una vez llegados a este punto, es indispensable que tanto las organizaciones de usuarios, cultivadores y representantes políticos de las bases sociales comiencen nuevamente a exigir ser escuchados, porque también en este cambio de agendas se juegan relaciones de poder que terminarán por definir si las discusiones para una reforma van a ‘tener dientes’.

Una persona muy cercana al proceso de regulación en Uruguay se describió como ‘técnico con compromiso político’. Esto es precisamente lo que se está jugando en este momento en Colombia.
Toda discusión ‘técnica’ está estrechamente ligada a una visión política de un asunto y en el marco de una reforma de la política de drogas, las organizaciones de base deben poder posicionar una construcción de sociedad que vaya más allá de la apertura de mercados.

¿Qué sociedad queremos se construya con una estrategia de cambio en la política de drogas?, ¿una en la que los usuarios sean tratados como enfermos y ya no delincuentes o como sujetos políticos?, ¿una en la que los campesinos se vuelvan ‘peones’ de un mercado o les permita potenciarse como agremiaciones autónomas?, ¿una que esté anclada en el Ministerio de Salud, Agricultura o Hacienda?, ¿qué es lo que queremos de un cambio en la política de drogas?

Es importante, entonces, que ningún proceso se institucionalice, pues pierde fuerza su valor reivindicativo. La sociedad civil juega un papel estratégico tanto dando insumo, como exigiendo discusiones que no se están abriendo a la movilización social.

De la misma manera, es llamativo que quienes en los espacios políticos como el Congreso vienen haciendo un trabajo con comunidad en otros temas, no hayan hecho un llamado de atención a los términos en los que se está dando en este momento la discusión: desde las élites políticas, las académicas y las internacionales.

Pues es el momento histórico para que las organizaciones de usuarios, proreforma, cultivadores creemos una plataforma que le exija al gobierno una interlocución política de lo que se está haciendo, una veeduría de los procesos y una discusión mucho más amplia sobre la construcción de sociedad que buscamos, anclada a una reforma de este tipo.

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