“Implementación de medidas”

Por Katherine Ríos, @rioskat

Por Publimetro Colombia

 

El robo de celulares tiene a todo el mundo preocupado. Policía, gobierno, fiscalía y legisladores exhiben con orgullo todo lo que han hecho contra este crimen. Desde antes del 2000 ha habido reglamentaciones, leyes, decretos,   oficinas y campañas para buscar soluciones prontas. Sin embargo, tanto esfuerzo, que bien caro nos debe haber salido, no parece tener resultados: el robo de celulares ha aumentado cada año hasta convertirse en la primera causa de atraco. También son cada vez más frecuentes las agresiones físicas y asesinatos relacionados.

 

Obviamente, como todo en este país, los esfuerzos se quedan en intenciones y ver los resultados, o al menos una política coherente y organizada, requiere mucha imaginación. Por ejemplo, Francisco José Lloreda, “alto consejero para la Seguridad Ciudadana”, se enreda en explicaciones sobre “la implementación de medidas”, “las resoluciones para regular la venta de celulares” y “los controles a los operadores”. El alto consejero concluyó en la W que “el hurto de celulares se trata de un delito complejo”. No sé cuanta plata nos ha costado saber esto, pero en este país, con niveles tan sofisticados para el mal, complejos serán los robos de los Nule, digo yo.

 

Robar celulares alguna vez fue un delito que podía llevar a la cárcel, hasta que en 2007, la ley de pequeñas causas lo dejó como asunto menor. La idea era descongestionar la justicia y las cárceles, y nadie se preguntó si el cambio iba a disparar los robos. Ahora van a ponerle penas de seis a ocho años a los que alteren los aparatos, pero nadie dice qué le pasará a los raponeros.

 

Las cifras de las autoridades parecen un juego. Los celulares robados pasan del millón y medio al año, y en 2009 dijeron que eran más de dos millones. Total, en cuatro años se han robado unos cinco millones de aparatos. Si, como dicen, no vale la pena robarse sino los teléfonos buenos, que son los de postpago, las cifras no cuadran: en el país hay ocho millones de teléfonos en postpago, de modo que tendrían que haberse robado uno de cada dos teléfonos.

 

Las empresas se han resistido a colaborar. Al comienzo de los noventa no era fácil registrar un teléfono robado y no se los robaban tanto. Pero desde fines de los noventa la competencia entre los operadores creció y empezaron a registrar lo que les llegara. Su interés era atraer nuevos clientes, no importa que aparato trajeran, y no iban a gastar mucho para tener sistemas que hicieran difícil el robo.

 

De todos modos, para el 2003, como dizque las empresas tenían ya bases de datos con todos los teléfonos legales, el gobierno ordenó que esa base de datos sirviera para evitar el registro de teléfonos robados   y que las empresas compartieran información. Pero era pura fantasía: en 2006 la ministra Pinto volvió a decir que “ahora sí, la base va a funcionar”. Desde 2011 anuncian que ya está lista y además se coordinará con los países vecinos. Por allá pasa lo mismo: el ministro de Ecuador dice que hay un acuerdo entre las operadoras ecuatorianas y las colombianas para cruzar datos, porque los teléfonos colombianos se van al Ecuador y los de allá se los roban para venderlos en Colombia.

 

Si las empresas se han hecho las bobas durante más de 10 años, al menos deberían saber qué pasa y dar datos exactos: cuántas denuncias por robo recibieron cada año, cuántas por perdida, y cuántos teléfonos bloquearon desde que tienen las bases de datos: ¿unos pocos miles de los millones robados? Tal vez por eso no dan datos.

 

Las cifras de asesinatos por robo de celular tampoco son claras: el ministro Molano habla de 500 homicidios, pero la prensa ha registrado apenas unos pocos. Con motivo del asesinato del joven abogado en Bogotá, el General Palomino declaró que “se han incautado 40.000 celulares, de los cuales, cerca de 12.000 eran robados”. Nadie le preguntó de dónde salieron los otros 28.000 ni donde están. Los últimos jefes de policía de Bogotá repiten año tras año lo mismo: que hay mafias, que las conocen muy bien, que han hecho muchos operativos, (palabra favorita de la policía) y que han cogido muchos ladrones, pero que la fiscalía los suelta: dizque hay apenas 40 pagando cárcel.

 

Porque lo otro que nunca hacen es ponerse de acuerdo. Fiscalía, policía y gobierno van cada uno por su lado. Y como nada funciona, cada uno trata de mostrar a la prensa que sí trabaja y la culpa está en otra parte, o al menos que “la responsabilidad es de todos”, otra frase favorita. Y la gente no ayuda: mucha gente protesta por la inseguridad y los homicidios, pero compra celulares robados.

 

Esperemos a que la “lucha frontal”, la “estrategia integral” y la dichosa base de datos funcionen. Aunque sea cuando ya no usemos celulares.

 

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