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Archivan denuncia de Juan Pablo Bieri por caso de ‘Los Puros Criollos’

La Fiscalía General archivó la denuncia que interpuso Juan Pablo Bieri contra la exdirectora de Señal Colombia Diana Marcela Díaz.

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Fiscalía archivó denuncia de Bieri contra Diana Díaz Foto: Twitter @FLIP_org

Archivan denuncia de Juan Pablo Bieri por caso de ‘Los Puros Criollos’, así se conoció en las últimas horas.

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Lo anterior, contra la exdirectora de Señal Colombia Diana Marcela Díaz Soto por publicar las grabaciones en las que evidenció una supuesta censura al programa ‘Los Puros Criollos’.

Archivan denuncia de Juan Pablo Bieri

La Fiscalía General de la Nación archivó la denuncia que interpuso el exgerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC), Juan Pablo Bieri; contra la exdirectora de Señal Colombia Diana Marcela Díaz Soto. Lo anterior, por publicar las grabaciones en las que evidenció una supuesta censura al programa ‘Los Puros Criollos’. 

Según el ente investigador, «no fue congruente» la denuncia en la que se advertía que la periodista Díaz había cometido los delitos de revelación de secreto; utilización de asunto sometido a secreto o reserva y utilización indebida de información oficial privilegiada, además de otros argumentos.

La Fiscalía además precisó que en el documento con el que se oficializó el archivo de esa denuncia; «estas conductas se descartan de plano, en el entendido que estos tres tipos penales requieren un sujeto activo calificado (servidor público)». Sin embargo se estableció, tal como se indicó en líneas previas, que la indiciada presentó su renuncia el 7 de diciembre de 2018, siendo aceptada a partir del 1° de enero de 2019. Esto implica que «a la fecha de la presunta divulgación del audio a la Flip esta ya no se encontraba vinculada a RTVC; y por lo tanto, no cumple con dicho requisito objetivo del tipo penal».

FLIP celebró decisión por ‘Los Puros Criollos’

Por otra parte la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, celebró la decisión. También, recordó que «el Estado colombiano está en la obligación de proteger a los funcionarios y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción; incluyendo la protección de su identidad e integridad».

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