Un juez penal del Circuito de Bogotá dicta sentencia en este caso. Condenan a 10 años de prisión al empresario Andrés Jaramillo, por ‘Carrusel de la contratación’.
PUBLICIDAD
Por tanto el juez avala los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y condena a 10 años y 4 meses de prisión al empresario Andrés Jaramillo López, expresidente de Conalvías.
Esto por el supuesto pago de dádivas para quedarse con un contrato de malla vial en Bogotá.
En ese sentido, es declarado responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
La decisión dispuso la captura inmediata del sentenciado para que la pena sea efectiva en centro carcelario.
Asimismo, impone una multa de 172 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad de derechos por 145 meses.
Condenan a 10 años de prisión al empresario Andrés Jaramillo, por ‘Carrusel de la contratación’
La condena es apelada por la Fiscalía y el representante de la Procuraduría por considerar que el empresario debería recibir una sanción penal mayor ante la gravedad de los actos irregulares.
PUBLICIDAD
En la investigación se constata que el señor Jaramillo López concerta el pago de 1.929 millones de pesos con algunos concejales de Bogotá y el entonces director de la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para conocer de manera anticipada el pliego de condiciones de un contrato de rehabilitación y mantenimiento de malla vial en Bogotá.
Con la información privilegiada obtenida, el expresidente de Conalvías ajusta y presenta su propuesta.
Finalmente, es favorecido con la adjudicación del contrato 078 del 8 de abril de 2010, cuyo valor asciende a 43.515 millones de pesos.
Condenan a 10 años de prisión al empresario Andrés Jaramillo, por ‘Carrusel de la contratación’
Este contempla obras de mejoramiento de las vías de varias localidades de Bogotá.
La Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV), entidad que celebra el contrato, autoriza dos adiciones presupuestales al citado contrato por 19.234 y 2.732 millones de pesos.
En síntesis la Fiscalía demuestra que en todo el proceso contractual son vulnerados los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva.
