El pulso por el regreso a clases presenciales entre ministerios y jueces, lo anterior, por fallos que indican la no viabilidad.
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Mientras que los ministerios de Educación y de Salud insisten en que se debe regresar, jueces en diferentes ciudades dicen lo contrario.
Regreso a clases, temporalmente suspendido
El anuncio que hicieron los ministerios de Educación y Salud sobre el regreso a clases, enfrentó a varios sectores del país. Unos insisten en que la medida es necesaria para el correcto desarrollo de los menores; otros, por su parte, argumentan que no existen condiciones de bioseguridad que lo permitan. Entre ellos, directivas de colegios, organizaciones sindicales y maestros.
Incluso, a principios de este mes, Fecode cuestionó el proceso para garantizar la seguridad de docentes y estudiantes en términos de salubridad. Fecode argumentó que «de acuerdo con las más de 140 organizaciones de la salud reconocidas en el país, en la actualidad no hay condiciones para un retorno presencial seguro».
Mientras que en algunas regiones del país como Bogotá, Medellín, Risaralda, Quindío, entre otras, ya se está empezando con el proceso de regreso; hay otras donde aún no se ha podido arrancar. Además, varios padres de familia y organizaciones han presentado acciones legales para que se aplace el regreso a clases a mitad de año.
Regiones con fallos en contra del regreso a clases
En el Meta, el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, aceptó la tutela presentada por la Asociación de Educadores del Meta (ADEM). Esta decía que las instalaciones educativas «no cuentan con ningún tipo de protocolo y la totalidad de los docentes no tienen el esquema de vacunación completo». Por este motivo, el juzgado le dio dos días al Ministerio de Educación y Secretarías de Educación del Meta para presentar un informe. En él, deberán detallar las condiciones de los planteles educativos y la vacunación de los docentes.
En Neiva, el juzgado Décimo Penal Municipal falló a favor de la Asociación de Institutores Huilenses (Adih). Esta asociación presentó una carta en la que pedían suspender el regreso a clases presencial en la ciudad y el departamento. De acuerdo con la Adih, la Resolución 777 emitida por el Ministerio de Salud, estaría «vulnerando los derechos fundamentales a la salud, vida y dignidad humana». Por este motivo, el juzgado admitió el recurso jurídico con el fin de evitar un «perjuicio irremediable sobre las garantías fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y dignidad humana no solo de los miembros de la Adih, sino de la comunidad educativa en general».
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En Cúcuta, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescencia con Función de Control de Garantías Distrito Judicial de Cúcuta; falló a favor de la Asociación Sindical de Institutores de este departamento (Asinort). Esta acción de tutela señalaba las precarias condiciones para el regreso. En este caso, el juez consideró que «a la fecha de ingreso de los estudiantes ya se ha tomado una decisión acorde a la realidad de la situación de salud del departamento». Por lo anterior, no se decretará una medida cautelar en la región.
Padres de familia presentaron tutela
El caso de Bucaramanga se dio por parte de padres de familia del colegio El Pilar. Ellos, presentaron una acción de tutela para aplazar el retorno a los planteles educativos durante este año. El juzgado 22 civil de Bucaramanga la aceptó. Lo anterior, debido a que no se cumplían con protocolos de bioseguridad. El juez decidió que no se regresará a clases presenciales hasta el próximo 2 de agosto.
Aunque la ministra de Educación, María Victoria Angulo, dijo que se continúa trabajando para resolver favorablemente las acciones jurídicas; en el país continúan presentándose más recursos legales para que los menores no retornen a las aulas.
