Este jueves se daría a conocer el proceso de imputación, que sería el segundo a militares en caso de ‘falsos positivos’. JEP imputará por ‘falsos positivos’ a general y militares de batallón La Popa en Valledupar.
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La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentaría la segunda imputación de cargos contra militares. Estos están, presuntamente, involucrados en el asesinato de miles de personas que habrían sido presentadas como guerrilleras caídas en combate. Cabe mencionar que este caso está popularmente conocido como ‘falsos positivos’.
Los hechos a los que se hará referencia este jueves involucran al batallón La Popa de la ciudad de Valledupar entre los años 2002 y 2005. El caso implicaría al menos a 15 militares.
JEP imputará por ‘falsos positivos’ a general y militares de batallón La Popa
Los máximos responsables que sería revelados en este caso por parte de la JEP serían dos coroneles. Estos estarían identificados como Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa.
Además, una de las expectativas más grandes de esta revelación estaría en el desmantelamiento de la operación de este batallón. Pues, según la información revelada habría una maquinaria criminal en vínculos de esas instalaciones militares con paramilitares del bloque norte de las Autodefensas.
Adicionalmente, se conoció que la Jurisdicción presentará pruebas, entrevistas y documentos como argumentos en esta investigación.
En este sentido, los involucrados en el caso tendrían 30 días para decidir si aceptan o no las responsabilidades que la JEP les imputará.
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Los precedentes en caso ‘falsos positivos’
Cabe mencionar que en una primera ocasión, la JEP ya habría imputado a militares por ‘falsos positivos’. Los anteriores imputados habrían sido 10 miembros del Ejército y un civil.
“La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un tercero civil por ‘falsos positivos’ en el Catatumbo”, explicó en una rueda de prensa la magistrada Catalina Díaz Gómez.
Este es el primero de “por lo menos seis autos” que la JEP emitirá dentro de la fase de investigación de este macrocaso por la muerte de al menos 6.402 personas, sobre todo durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), a manos de miembros del Ejército para presentarlas como guerrilleros muertos en combate y recibir a cambio premios e incentivos.
La sala consideró que estos hechos “no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de contar cuerpos, sin la política de incentivos y sin la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate y sin la estigmatización de la población civil”.
A los imputados se les acusa por su “participación determinante en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, Norte de Santander, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008 y así aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar”, además de otras 24 desapariciones forzadas.
Los militares ya imputados
Entre los once imputados se encuentra el brigadier general Paulino Coronado Gámez, que fue el comandante de la Brigada 30, y dos coroneles, Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, quienes fueron comandantes de la Brigada Bóvil No. 15.
También hay dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo, así como al civil, a los que llamó “a reconocer su responsabilidad” ante los hechos. “Para la JEP, la evidencia indica que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada”, asegura este primer auto del caso.
De los 120 asesinatos referidos por la JEP, 73 ya estaban en investigación ordinaria en 39 procesos judiciales. De los cuales solo ocho llegaron a juicio y uno solo tuvo ejecución de pena. “La JEP continuará indagando la eventual participación de niveles superiores por participación u omisión”, sentenció la magistrada Díaz Gómez.
