El choque de trenes por el destino de Cali está causando problemas, pues parece una pelea sin ganadores. Este es el panorama con el que cada parte busca rasguñar un poco de crédito al final de la crisis social.
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Las diferencias entre la Alcaldía de Cali y el Gobierno nacional no son nuevas, pero se hicieron evidentes en el paro. Primero, ambas partes permitieron que la ciudad se sumiera en una crisis sin precedentes mientras se miraban a las caras preguntándose qué hacer. Después, cada quien agarró su maleta y emprendió rumbos distintos para llegar a un mismo fin, resolver una situación que continúa sin solución.
Desvío de trenes en plena marcha
El primer roce entre el alcalde de Cali y el Gobierno fue cuando se abrieron los corredores humanitarios en la ciudad. El 5 de mayo de 2021, el ministro de Defensa, Diego Molano, intentó ganarse los créditos por este avance, pero el alcalde Jorge Iván Ospina apretó el acelerador.
El ministro Molano escribió en su cuenta de Twitter: “A Cali la querían bloquear para dejarla sin alimentos. A pesar de las dificultades, gracias al trabajo de nuestros policías y soldados comienzan a llegar los camiones con alimentos para los caleños. #SinTregua seguiremos trabajando en la defensa de Cali y del Valle del Cauca”.
El alcalde Jorge Iván Ospina respondió en su cuenta de Twitter: “No Señor, corredor humanitario es sagrado, cordón umbilical con la vida, triunfo de la civilidad y la empatía, imperativo protegerlo. Ministro respete los triunfos logrados por la ciudadanía, concesión de los manifestantes, mediación de la Iglesia”.
Este era apenas el abrebocas de lo que le esperaba a la ciudad. Una batalla cazada por la resolución de la crisis con visiones políticas diferentes. Mientras Jorge Iván Ospina armaba mesas de diálogo, Iván Duque ordenaba la militarización de Cali. Mientras el alcalde conformaba junto a la Secretaría de Paz y Cultura de Cali los cascos azules para acompañar las manifestaciones, el presidente reforzaba la presencia del Esmad en la protesta social.
Donde manda maquinista, no dispone fogonero
Pelea a decretazos. Primero, fue el decreto presidencial 575 para recuperar el orden público con asistencia militar. Según el abogado Juan Castilla, “el decreto 575 expedido por el Gobierno hace uso de una figura prevista en el Código de Policía, específicamente en el artículo 170 donde se habla de la asistencia militar. Esto trae una discusión jurídica, pues en él no habla de protección de derechos humanos.
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Tampoco tiene en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional C-281 de 2017 que señala que a las fuerzas militares no se les tiene permitido el tratamiento de la protesta social”. Añade que “el mismo Código de Policía, en el artículo 56, también nos dice que las fuerzas militares no podrán intervenir en el desarrollo de operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales”.
Después del decreto presidencial, el alcalde Ospina expidió el decreto distrital 0304, que le otorgaba un estatus de negociación a la URC (Unión de Resistencias de Cali). Un decreto que no tiene problemas aparentes, pero que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, criticó en un video, asegurando que “los decretos en Cali y Yumbo desconocen orden presidencial”.
Sin embargo, según Castilla, el decreto distrital no riñe con el presidencial: «Yo sí veo en el pronunciamiento del ministro Ruiz, que hay más un interés de tensión política entre el gobierno nacional y algunas entidades territoriales, no solo Cali».
El último campanazo entre trenes
Para dar el campanazo final entre los trenes, este viernes el alcalde Jorge Iván Ospina, ante la ola de críticas en los últimos días respecto a la militarización de Cali, se desmarcó del tratamiento que el Gobierno Nacional le está dando a la protesta. El mandatario dijo que “los alcaldes no somos el aparato armado del Estado y no tienen como competencia ni procesos de inteligencia ni de investigación. Los mandatarios locales no tienen una facultad con la fuerza militar y en ese sentido no podemos asumir esa competencia”.
En cuanto a los hechos de violencia y disturbios en Cali, dijo que “de haber sabido que las manifestaciones iban a estar infiltradas por grupos ilegales y al margen de la ley, se debería haber dicho en los consejos de seguridad previos a la convocatoria del paro del 28 de abril, pero ello nunca formó parte de una información que pueda proveer el Estado Nacional en sus organismos de inteligencia al alcalde”.
Suspenden polémico decreto
El Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali ordenó suspender el polémico decreto 0304 firmado entre la Alcaldía de Cali y la URC. La decisión en primera instancia se tomó a raíz de una solicitud de medida cautelar interpuesta por la abogada María del Mar Machado Jiménez. La abogada considera que el decreto firmado por el alcalde y la URC «va en contravía a la orden Presidencial de Asistencia Militar del pasado 28 de mayo».
Por tanto, señaló que quienes adelantan los bloqueos se amparan en el decreto para impedir la libre circulación. Lo anterior, entorpeciendo la movilización de personas y vehículos, calificado esto como «un hecho fáctico».
Al notificar el fallo a la Alcaldía Distrital, el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que acatará la decisión. Esto, no sin antes aclarar que el decreto de ninguna manera legaliza los bloqueos como se ha asegurado anteriormente.
«La decisión de esta juez que no solicita suspender los efectos de este decreto, será acatada de manera inmediata por nuestra administración. Pero advertir que jamás nuestro decreto fue orientado a establecer, aceptar o permitir bloqueos, por el contrario desde la mesa de diálogo superamos 22 bloqueos en la ciudad de Cali sin ninguna muerte y sin ningún hecho violento», dijo el alcalde de Cali.
Es así como un país sin carrileras para llegar a la solución de un conflicto, causa un choque de trenes entre partes que desean lo mismo, pero por vías diferentes. Diálogo contra mano dura.
