La autoridad ambiental de Colombia modificó este miércoles su Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (PECIG), levantando una de las trabas que tenía el Gobierno para retomar esta controvertida práctica.
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Esto no supone una reanudación inmediata de las erradicaciones forzosas mediante el uso aéreo de glifosato, pero sí es un impedimento menos para su autorización después de que este lunes el Gobierno colombiana expidiese un decreto que regula la vuelta de esta práctica suspendida desde 2015, tras una decisión de la Corte Constitucional.
«Es importante mencionar que el PMA ha estado vigente desde 2001 y lo que ha estado suspendido es la actividad de aspersión aérea», especificó este miércoles el director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Rodrigo Suárez.
La ANLA, por solicitud de la Policía Nacional, incluyó en dicho PMA más medidas de manejo y un programa de seguimiento y monitoreo más detallado para que, «en caso de que se reanude la actividad, se logre un mayor control sobre los efectos ambientales en los componentes hídricos, bióticos y socioeconómicos».
Un requisito menos
Ahora falta que otras autoridades, como el Ministerio de Salud o de Ambiente también hagan modificaciones de procedimientos y cumplan las condiciones impuestas por el Constitucional, para que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) pueda dar la luz verde definitiva a la aspersión aérea.
Para ello son necesarios los conceptos sobre los riesgos para la salud y para el medioambiente que tienen las fumigaciones aéreas.
Las fumigaciones de los cultivos de coca fueron suspendidas en 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, en acatamiento de una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medioambiente, como alegó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Posteriormente, en 2017, el alto tribunal suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos pero dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar el glifosato en la lucha antidrogas si el Gobierno cumplía seis exigencias sanitarias ambientales.
De ser reactivadas las fumigaciones aéreas, serán excluidas de este programa las áreas ubicadas en Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales, páramos, humedales del sistema Ramsar y manglares, así como los cuerpos de agua y los centros poblados.
Igualmente habrá consulta previa en caso de que la ejecución del programa de erradicación de cultivos pueda afectar directamente a las comunidades étnicas.
La decisión del Gobierno ha sido duramente criticada tanto por la oposición como por personas expertas y los cultivadores de coca, que alegan que la aspersión aérea va en contra del acuerdo de paz que contemplaba la sustitución voluntaria de cultivos como la forma más eficaz para acabar con los cultivos ilícitos.
