El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, aseguró este jueves que la corrupción que existe en el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es más grave que cualquier huracán que lo haya afectado, como ocurrió hace unas semanas con Iota, de categoría cinco.
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Así lo expresó al referirse a una vigilancia que desarrollará sobre más de 5.000 contratos suscritos por la Gobernación de ese departamento este año y que además indaga otros 1.500 por una posible nómina paralela, todo por una cuantía de 191.000 millones de pesos (unos 55,9 millones de dólares).
«Más grave que los huracanes Eta e Iota es el huracán de la corrupción en San Andrés», dijo Carrillo durante una visita a San Andrés.
El archipiélago, único departamento insular de Colombia, fue azotado en la madrugada del pasado 16 de noviembre por el impacto del huracán Iota, de categoría 5, que destruyó las infraestructuras de Providencia y dejó a casi todos sus 5.000 habitantes sin vivienda.
La Procuraduría (Ministerio Público) identificó que desde el 17 de noviembre, después del paso del Iota, en el departamento se han celebrado 318 contratos por valor de 7.035 millones de pesos (unos 2 millones de dólares), de los cuales 6, que suman 2.315 millones de pesos (unos 600.000 dólares), corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación del archipiélago.
«Como parte de una acción preventiva, el ente de control busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1.500 contratistas, entre quienes figurarían personas que no residen en la isla», detalló la Procuraduría.
La acción del ente de control focalizará la vigilancia y seguimiento a 12 contratos suscritos con 10 contratistas, por más de 16.300 millones de pesos (unos 4,7 millones de dólares).
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Según la Procuraduría, entre enero y marzo la contratación sobrepasó los 112.000 millones de pesos (unos 32,8 millones de dólares).
De abril a lo que va corrido de diciembre, cuando ya había sido declarada la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la contratación fue de casi 79.000 millones de pesos (unos 23,1 millones de dólares).
ALUMBRADO NAVIDEÑO
Entre las acciones desarrolladas por la Procuraduría está la apertura de una indagación preliminar al gobernador encargado del Archipiélago, Alen Jay Stephens, por «presuntas irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado navideño de la isla».
Ese contrato tiene un valor de 1.550 millones de pesos (unos 454.000 dólares).
Igualmente indaga si la póliza de responsabilidad civil del acuerdo fue adquirida seis días después de haber sido suscrita el acta de inicio, y si los servidores habrían excluido a las empresas públicas de energía del archipiélago, que estarían en capacidad de ejecutar el alumbrado navideño a menor costo.
También avanzan investigaciones por posibles irregularidades en un contrato para el suministro de almuerzos, paquetes alimentarios y de aseo a 300 adultos mayores, para evitar contagio de covid-19, otra por presuntos sobrecostos en contrato para la desinfección de edificios públicos y vehículos de la alcaldía, entre otros.
