El Gobierno colombiano aseguró este miércoles que ha actuado «con diligencia» para proteger a los exguerrilleros de las FARC que dejaron las armas y se acogieron al acuerdo de paz, mientras ese partido insiste en que hay un «genocidio» contra sus militantes.
PUBLICIDAD
Las posiciones de unos y otros fueron expuestas en una audiencia en la que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó al alto Gobierno y a las FARC sobre la violencia contra los exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz firmado hace cuatro años, el 24 de noviembre de 2016.
Según cifras de partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ya son 243 los desmovilizados asesinados desde la firma de la paz.
Por eso, la FARC acusó a la administración del presidente Iván Duque de tener un doble discurso para la paz y no detener «el desangre» que los afecta.
En ese sentido, la senadora por el partido FARC Victoria Sandino denunció en la audiencia que la desmovilizada Paola Andrea Osorio fue asesinada ayer, día en que se cumplían cuatro años de la firma de la paz, cerca a Quibdó, capital del selvático departamento del Chocó.
«Lo que viene sucediendo (…) es extremadamente grave, cada semana se registran entre uno o dos asesinatos en contra de nuestra colectividad, sin que el Estado reaccione de manera efectiva», dijo la senadora.
Según Sandino, «es imposible que un suceso aleatorio se repita más de 240 veces, 243 diría», y añadió que «la violencia se extiende no solo a los firmantes sino a las comunidades que nos acogieron».
PUBLICIDAD
«EXTERMINIO SISTEMÁTICO»
El delegado del partido FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), Pastor Alape, también cargó fuerte contra al Gobierno e incluso habló de «genocidio» contra los desmovilizados.
«Se configura un genocidio contra hombres y mujeres firmantes de la paz, estamos enfrentados a un macabro plan sistemático de exterminio contra signatarios de paz y de destrozar las esperanzas de paz de la sociedad colombiana», dijo Alape.
El exguerrillero llamó a dejar la «estigmatización» hacia los guerrilleros que firmaron la paz y abogó porque toda la institucionalidad incluyendo las autoridades de las tres ramas que conforman el poder público, las Fuerzas Militares y la Policía «interioricen una cultura de tolerancia».
EL GOBIERNO SE DEFIENDE
Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, salió al paso de las críticas y aseguró: «Actuamos con gran diligencia y compromiso y decisión ante quienes atacan a esta población».
«Ni el narcotráfico ni los criminales que los atacan frenarán el proceso de reincorporación de los excombatientes que le apostaron a la legalidad», manifestó el funcionario.
Igualmente dijo que el Gobierno le ha pedido a la FARC que suministre información para «fortalecer así los mecanismos de protección» y que todas las instancias del Estado trabajan articuladamente en la prevención, protección y seguridad de los exguerrilleros dentro y fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
VIOLENCIA INADMISIBLE
Mientras tanto, la vicefiscal general, Martha Yaneth Mancera, calificó de «inadmisibles» la violencia no sólo contra los desmovilizados sino contra los defensores de derechos humanos.
La funcionaria destacó que el 43,7 % de los homicidios en contra de esta población son responsabilidad de las disidencias de las FARC, a las que el Gobierno llama Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor).
En esa dirección puntualizó que la Fiscalía, hasta el 11 de noviembre, tenía en sus registros 280 personas reincorporadas con afectación, bien sea por homicidios, tentativa de homicidios o desaparición forzada.
Los avances en el esclarecimiento de estos casos llegan al 48,21 %. Es decir, de los 280 casos, han avanzado en 135. También se han logrado 33 sentencias.
EL FACTOR DEL NARCOTRÁFICO
Al respecto, el consejero Archila aseguró que según las autoridades, la mayoría de ataques a los exguerrilleros ocurre en zonas de disputa por el control territorial de corredores de narcotráfico.
Sobre la agilidad para dar respuesta a las solicitudes de protección, la vicefiscal Mancera reconoció que no siempre se logra la mejor respuesta.
Puntualizó que en el caso de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que depende del Ministerio del Interior, «en algunos casos hemos tenido que enviar más de 10 oficios donde les decimos que esto es un riesgo extremo».
Mientras tanto, la viceministra de Defensa, Diana Catherine Abaunza, sostuvo la tesis de que el narcotráfico está detrás de la violencia del país que incluye masacres como las que el pasado fin de semana dejaron 15 muertos en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.
