En Quibdó, la capital del departamento colombiano del Chocó (oeste), ubicado junto al Océano Pacífico y limítrofe con Panamá, la violencia se desbordó por las disputas entre bandas criminales que se baten a muerte por el control del territorio y el aumento de la delincuencia común que este año dejan más de 100 asesinatos.
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La grave situación de orden público puso en alerta al Gobierno nacional el pasado fin de semana cuando circuló un panfleto en el que uno de esos grupos armados ordenó un toque de queda y obligó a los ciudadanos a encerrarse en sus casas desde la noche del viernes.
«(Esto fue) peor que la cuarentena por el coronavirus. Desde las seis de la tarde no había ni un alma en las calles. Lo que no logró la pandemia lo lograron en un día esos muchachos», dijo a Efe un habitante de Quibdó al referirse al comunicado firmado supuestamente por las «Fuerzas Armadas Mexicanas».
Esa organización es señalada por las autoridades locales como responsable de asesinatos, robos, extorsiones y secuestros con los que atemorizan a una comunidad de unos 120.000 habitantes que históricamente ha vivido en medio del fuego cruzado.
La zozobra se apoderó incluso de los centros de salud en los que los turnos del personal médico fueron ajustados para que ningún empleado tuviera que movilizarse entre las seis de la tarde del viernes y las ocho de la mañana del sábado cuando terminó el toque de queda.
GOBIERNO VISITA LA ZONA
Por el complejo panorama, el presidente colombiano, Iván Duque, viajó de sorpresa el lunes en la noche con una comisión de su Gobierno hasta Quibdó, donde recorrió varios de los sectores más peligrosos de la ciudad.
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Desde allí anunció este martes un paquete de medidas para hacer frente a los hechos de violencia advertidos recientemente por la Procuraduría General (Ministerio Público).
«Hoy hemos reforzado lo que se conoce como el ‘Cartel de los más buscados en el departamento del Chocó’ y vamos a hacer muchísima presión para dar con alias ‘Edward’, alias ‘Fórmula’, con alias ‘Pimpollo’, con alias ‘Jane’ y con alias ‘Chili'», dijo al terminar un consejo de seguridad con la cúpula militar y la policía del departamento.
El mandatario informó que por cada una de estas personas las autoridades aumentaron las recompensas de 5 a 50 millones de pesos (entre 1.307 y 13.071 dólares), al tiempo que informó que a finales de octubre la ciudad tendrá 50 nuevos policías.
En el Chocó, departamento fronterizo con Panamá, operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y otras bandas criminales que amenazan y ponen en riesgo constante a los pobladores de esta parte del país.
TRASLADOS DE JEFES CAPTURADOS
Duque se refirió a los jefes de algunas bandas armadas retenidos en la cárcel Anayancy de Quibdó, desde donde según investigaciones siguen controlando las actividades delictivas de sus organizaciones, mientras disfrutan de lujos, fiestas y mantienen armas de fuego.
«Parte de la respuesta que hemos visto en los últimos días es porque algunos de los criminales de estas organizaciones, que pretendían seguir desde los establecimientos carcelarios ejerciendo presión, los hemos trasladado (a otras ciudades)», explicó el presidente.
En un panfleto divulgado el sábado, la banda de «Los mexicanos» reiteró que se tomará las calles de la ciudad para protestar por el traslado de varios de sus jefes y amenazaron con alzar sus armas contra la administración, especialmente contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
«Nuestra lucha continúa con todos aquellos que hagan parte de la administración y le vamos a dejar un mensaje claro al alcalde y el coronel que si ellos creen que con traslado y captura es que se logra la paz, están equivocados porque nosotros también tenemos armas de corto y largo alcance», aseguraron.
Sobre estas intimidaciones, el presidente Duque advirtió que los integrantes de estos grupos seguirán siendo trasladados si es necesario.
El jefe de Estado anunció que se aumentarán los equipos de reacción en terreno que hacen patrullaje en la ciudad, así como se creará una unidad contra el lavado de activos.
EXTORSIONES, ROBOS Y RETENCIÓN DE VEHÍCULO
Según las autoridades, hasta septiembre de este año habían ocurrido en la ciudad más de 115 asesinatos, sin embargo, la cifra podría ser mayor porque según denuncian los ciudadanos en muchas ocasiones las personas asesinadas por ajustes de cuenta entre las bandas son desaparecidas y hasta arrojadas al río Atrato, uno de los más caudalosos de Colombia.
Los grupos armados, fortalecidos en los últimos años, controlan gran parte de los sectores de la ciudad en los que imponen sus propias reglas y hasta establecen quiénes pueden o no ingresar a los barrios.
Los ciudadanos son víctimas de extorsiones, robos y retenciones de sus motos, el medio de transporte más utilizado, vehículos que estas bandas retienen para exigir a sus propietarios dinero a cambio de su devolución.
Sobre esta situación, Duque aseguró que se hará un despliegue con la Policía para enfrentar la extorsión y que se creará un cuerpo especial antiextorsión de 20 hombres altamente especializados.
