El jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, y el senador Julián Gallo fueron citados por la Fiscalía General de Colombia a declarar sobre el asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado, crimen perpetrado en 1995 y que la antigua guerrilla se atribuye.
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«Con el objeto de garantizar la consecución de la verdad y dadas las recientes intervenciones públicas del señor Rodrigo Londoño Echeverry y del senador de la República Julián Gallo Cubillos, (se) ordenó la práctica de declaración jurada de los mismos, así como otras pruebas pertinentes», informó este miércoles la Fiscalía en un comunicado.
El órgano investigador agregó que continuará con la práctica de pruebas «tendientes a esclarecer los hechos, los autores o partícipes donde falleció el doctor Álvaro Gómez Hurtado y su asistente José Huertas».
Horas más tarde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar a Londoño y a Gallo por el asesinato del dirigente político y también por los de los exguerrilleros Hernando Pizarro León-Gómez (1995) y José Fedor Rey, conocido como «Javier Delgado» (2002); del exconsejero de Paz Jesús Antonio Bejarano (1999), del exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes (1998) y del exrepresentante a la Cámara Pablo Emilio Guarín (1987).
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP detalló en un comunicado que «tiene competencia prevalente y preferente para investigar los hechos del conflicto armado», ocurridos antes del primero de diciembre de 2016.
Igualmente, solicitó la Fiscalía los informes presentados «sobre los delitos cometidos con ocasión y en desarrollo del conflicto armado» y una explicación detallada de los expedientes en los que se hace alusión a estos asesinatos.
El senador Gallo se atribuyó la planificación y ejecución del homicidio del excandidato presidencial en una entrevista con el diario El Espectador en la que aseguró que la orden de asesinar a Gómez la dio el Secretariado de las FARC y él la recibió de Jorge Briceño, alias «Mono Jojoy», quien era entonces jefe del ala militar de la guerrilla.
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«Esa orden se transmitió a través mío y la ejecutó un comando de cuatro personas de la Red Urbana Antonio Nariño», dijo tres días después de que los antiguos integrantes del Secretariado, entre ellos Londoño, se atribuyeran el asesinato del político en un comunicado.
INVESTIGACIÓN EN LA FISCALÍA
Gómez Hurtado, hijo del expresidente conservador Laureano Gómez (1950-1951), fue tres veces candidato presidencial, embajador en Estados Unidos, representante a la Cámara y senador y uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Carta Magna de 1991, vigente en el país.
El asesinato, declarado como crimen de lesa humanidad por la Fiscalía, se produjo el 2 de noviembre de 1995 y sobre él se han tejido numerosas hipótesis que apuntaron a otras direcciones y nunca se planteó que la guerrilla fuera la autora del crimen.
Sobre el homicidio, Gallo manifestó que en este caso resultaron implicados miembros del Ejército porque «alrededor del sitio había un carro o una operación secreta de inteligencia y ese primer indicio, que es una coincidencia, llevó a que, en medio del ambiente político tan caldeado, se tejieran interpretaciones por parte de los organismos de inteligencia».
«Ellos se casaron con esas conclusiones y se dedicaron durante 25 años a probar esas conclusiones, invirtiendo el proceso de investigación», aseguró.
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció el sábado que las FARC prometieron aportar verdad sobre ese crimen y posteriormente los jefes de la antigua guerrilla informaron que ante ese tribunal y la Comisión de la Verdad explicarán por qué Gómez Hurtado era considerado «un objetivo militar y un enemigo de clase», así como por qué decidieron callar este hecho casi 25 años.
Ante las declaraciones, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que el Gobierno espera que el reconocimiento se lleve a la JEP de manera oficial y que si el tribunal comprueba esa versión, Gallo y el también senador Pablo Catatumbo deberían ser privados de la libertad.
«Esa privación de la libertad deberá ser evaluada por la propia JEP en la medida en que los colombianos necesitamos saber si esa restricción de la libertad es o no compatible con la continuidad de los senadores en su cargo», dijo Ceballos.
El alto comisionado para la Paz aclaró que en este caso la Fiscalía sigue teniendo competencia sobre los desertores del proceso de paz firmado con la guerrilla en 2016 que puedan estar involucrados en el crimen.
