Revisiones. La Veeduría Distrital investiga dos contratos de vías, uno de la localidad de Santa Fe y otro del IDU en Usaquén.
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¿Qué está pasando? Las irregularidades que indican estos contratos estarían causando gran preocupación en la ciudad.
La Veeduría Distrital inició investigación a dos contratos viales en la ciudad. Uno de estos, denunciado por los concejales Heidy Sánchez, Juan Baena y María Clara Name, está en el barrio La Macarena de la localidad de Santa Fe. La otra es una irregularidad en el contrato de expansión de la Avenida Novena entre las calles 170 y 193, en la localidad de Usaquén.
La preocupación por estos dos contratos está en la gravedad de las actuaciones que podrían estar realizándose en ellos. Según la Veeduría, el contrato realizado por la Alcaldía Local de Santa Fe para arreglo de vías en La Macarena no tendría justificación.
Así lo denunciaron los concejales Sánchez (de Colombia Humana), Baena (Bogotá para la Gente) y Name (Alianza Verde). Baena aseguró a PUBLIMETRO que el contrato firmado en 2019 por el entonces alcalde local Gustavo Niño Furnieles buscaba arreglar la carrera 4A entre calles 26 y 30, una vía que se encuentra en aparente buen estado.
La Macarena, sin arreglo
«Los residentes del Barrio La Macarena nos comentan su preocupación acerca de la intervención de una de las calles principales del sector, que fue contratada por el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe (FDL) el año pasado, e inicia su ejecución esta semana», afirmó Baena a PUBLIMTETRO. Una de las mayores preocupaciones está en el número de personas mayores que viven en el área.
Así mismo, esta zona tiene restaurantes que durante la pandemia han estado cerrados, lo que ha disminuido el tráfico vial. Así, para la Veeduría, esta situación no ameritaría una inversión de 3.000 millones de pesos aprobados, algo que destacó el veedor delegado para la contratación, Byron Valdivieso, en una carta al actual alcalde local, Dairo Giraldo.
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Según Valdivieso, no es claro cómo el FDL justificó el monto de inversión para reparar la calle. «En su mismo anexo técnico establece que para vías que estén en buen estado se requiere de un mantenimiento rutinario o a lo sumo periódico, y para las que estén en estado regular se requerirá algún tipo de rehabilitación, pero no que deba reconstruirse toda la estructura del pavimento», dice la carta.
Ante esta situación, la Veeduría estimó que habría un sobrecosto aproximado de 400%. «Se está contratando la reconstrucción de un corredor vial por $3.000 millones cuando, en el peor de los casos requeriría de unos $700 millones para una buena rehabilitación», anotó Valdivieso. Al cierre de esta edición, la alcaldía local no había respondido a los cuestionamientos del ente de control.
La Novena, dolor de cabeza
Una mayor preocupación surge en la Avenida Novena. El contrato para la expansión de esta vía fue firmado entre el IDU y la Unión Temporal Murcon en 2017. El proyecto busca llevar la avenida desde la calle 170 hasta la calle 193, brindando un importante alivio vial a los sectores de San Antonio, Verbenal, Lijacá y Alameda, en la localidad de Usaquén.
Aunque el contrato fue firmado en 2017 por una duración de 24 meses, solo hasta finales de 2019 se anunció a los vecinos el inicio de la obra. Este hecho habría motivado la apertura de una investigación sumaria por ineficiencias administrativas en la ejecución de la obra.
El contrato fue extendido hasta septiembre de 2020, pero a partir de ahí se desconoce la condición del mismo. Tampoco se encontró en el sistema de contratación estatal Secop los informes de ejecución del contrato, ni justificaciones para realizar la extensión o soportes que comprueben prórrogas, suspensiones y reinicios. En caso de que se comprueben estas irregularidades, podría haber sanciones en la Personería y la Contraloría.
Este contrato, con un monto superior a 55.000 millones de pesos, sería una muestra de varias dificultades del IDU con los contratos de vías de la malla principal. En un informe de 2019, la entidad destacó que el IDU ha tenido dificultades recurrentes con elementos de la contratación pública como la publicación de la documentación exigida en el Secop, la comprobación de los requisitos de los contratistas en sus hojas de vida y el motivo de las decisiones contractuales.
La cifra
400%
de sobrecosto se habría detectado, según la Veeduría Distrital, en el contrato de arreglo de vías del barrio La Macarena.
