El cilindro bomba cayó en el altar de la iglesia y explotó en medio de las 300 personas que se refugiaban de las balas cruzadas de las Farc y las Auc, que sostenían enfrentamientos hacía más de un día en el pueblo. Quienes sobrevivieron, algunos mutilados, corrieron en medio del pánico al ver que sus familiares, amigos y vecinos de toda una vida habían quedado reducidos a charcos de sangre y carne expuesta que se mezclaban con los escombros y pedazos del metal de la pipeta que les estalló.
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Ese 2 de mayo de 2002, tras el ataque de las Farc a la población, la historia de Bojayá fue manchada y quedó enmarcada en el relato de un cuento de terror que se repite en Colombia con cada masacre.
Quince días antes, el 26 de abril, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de primer riesgo para las comunidades de Bojayá, Vigía del Fuerte y varios municipios del Chocó tras obtener información sobre grupos de hombres de las Auc que bajaban por el río Atrato en canoas, con el interés de atacar a las Farc, dueñas del territorio. En la alerta, la Defensoría advirtió al Estado sobre lo que podrían ser los enfrentamientos que dejarían a la comunidad en medio del combate. Pero nadie del Estado quiso ver el preludio del dolor y así, la alerta se convirtió en realidad.
PUBLIMETRO construyó una base de datos en la que se confirma que lo sucedido en Bojayá, Chocó, se repite 18 años después: las masacres han sido advertidas y el Estado no actúa para evitarlas.
Masacres en Colombia han sido avisadas e ignoradas
Cruzando información de Indepaz con la de la Defensoría del Pueblo, confirmamos que de las 64 masacres registradas este año, 62 han sido advertidas previamente por la Defensoría, que no ha hecho otra cosa que contar lo evidente: que el conflicto nunca se fue y está más vivo que nunca en Colombia.
Para poner un ejemplo, en 2016, se emitió el último informe de riesgo de la Defensoría, en el que registraba que la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) podría ser víctima de violaciones por su trabajo de impulso de la implementación del acuerdo de paz. La alerta pedía a las autoridades estatales que configuraran escenarios de seguridad para los miembros de la organización. Sin embargo, la alerta se ignoró.
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El Estado se hace el ciego, el sordo y el mudo, con perdón de Shakira”, Camilo González Posso, presidente de Indepaz
El 11 de enero de 2017, tan solo unos meses después de emitido el informe del riesgo, José Yimer Cartagena Úsuga, vicepresidente de Asodecas, fue secuestrado, torturado y asesinado en el municipio de Carepa, Antioquia. Hoy nadie responde por este hecho que advirtieron los líderes, las ONG y el mismo Estado, por medio de la Defensoría. El Estado parece ciego ante tanta barbarie.
Para algunos, las alertas se ignoran tácitamente, como en el caso de José David Ortega, líder social del sur de Córdoba, desplazado por la violencia: “Si usted me pregunta a mí, no es que el Estado sea ciego; el Estado se tapa los ojos para no ver”, aseguró a PUBLIMETRO.
“Hoy la configuración de la guerra en los territorios, por lo menos en el sur del departamento, estaba anunciada. Cuando en 2016 se firma el acuerdo de paz y las Farc abandonan las regiones, desde las ONG advertimos que el Estado tenía que venir y lo que pasó fue que sacaron a las bases militares. Advertimos que estaban llegando nuevos grupos que no encontraron a la fuerza armada del Estado, pero tampoco al Estado social de derecho. De ahí para adelante, todo han sido muertes”, contó Ortega.
El problema es que el Estado no puede declararse sorprendido con las situaciones, pues la gran mayoría ya estaban advertidas y muchos apuntan a que los hechos victimizantes ocurren en las narices de las instituciones, mientras el Estado afirma que no hay omisión, sino un poder armado que lo supera.
“Los líderes y lideresas en las zonas más golpeadas han denunciado que asesinatos y masacres ocurren en las narices de unidades de la fuerza pública. Pero no hay investigación ni correctivos en los casos de omisión o de complicidad corrupta. En cambio, en muchos operativos en zonas con economías ilegales, la población es vista como parte de la delincuencia y las protestas son estigmatizadas diciendo que las manipulan criminales o que son provocadas por guerrillas o narcotraficantes”, aseguró a PUBLIMETRO, Camilo González, presidente de Indepaz.
97% de las masacres tenían una alerta temprana de la Defensoría para prevenir los hechos.
Esto no lo piensa Paloma Valencia, presidenta de la Comisión de Paz del Senado, que afirma que no se trata de una guerra del Estado contra las comunidades, sino una instrumentalización de la población civil: “No es que el Estado haga caso omiso o esté ciego, lo que pasa es que los grupos armados lo primero que hacen para mantener un negocio ilegal es instrumentalizar a las comunidades, obligándolas a rechazar la entrada de las instituciones estatales a los territorios. No es que haya una doctrina estatal que asesine, porque los principales asesinos hoy son las Farc, el Clan del Golfo y el Eln”, señaló a PUBLIMETRO.
Este es solo uno de los elementos que apuntan a que el Estado es culpable del despertar de la violencia, pues como lo dicen los analistas, la fuerza institucional no solo está ciega, también parece ser sorda y muda.
Qué es y cómo funciona el Sistema de Alertas Tempranas (SAT)
Las alertas tempranas e informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo surgen como respuesta a la necesidad de los territorios de registrar los peligros y amenazas que aquejaban a las comunidades en el marco del conflicto interno colombiano.
Así nació el SAT, que con recursos del Estado y cooperación internacional, inició una cruzada por verificar los territorios y encontrar los riesgos para advertir a las instituciones y tuvieran margen de acción.
De esta manera, se establecen las alertas de inminencia, que son instrumentos en los que se focalizan los riesgos inmediatos sobre violación de derechos humanos en una comunidad y también nace la alerta temprana estructural que conjuga las amenazas, una evaluación de las condiciones de vulnrabilidad de las comunidades y las recomendaciones al Estado para que sea garante de derechos.
