Comunidad indígena que derribó estatua de Sebastián de Belalcázar denuncia persecuciones y amenazas

Defenderán sus decisiones ante la justicia ordinaria.

Por Lina Uribe

El Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente denunció los abusos de los que está siendo víctima la comunidad misak en el Cauca, luego de que varios de sus comuneros derribaran una estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán.

"El pasado domingo 20, momentos en que unos comuneros misak vistiendo sus atuendos comercializaban productos como trucha, fresa, cebolla y papa, fueron perseguidos por patrulleros de la Policía Nacional, hechos que se suman a las múltiples amenazas de corte colonial/paramilitar que han recibido nuestros taitas, tatas y mamas", dijo el Movimiento en un comunicado.

El monumento al fundador de Popayán estaba ubicado en el cerro del Morro. Hasta allí llegó un grupo de personas el 16 de septiembre, le hicieron un juicio simbólico a Belalcázar por genocidio, apropiación de tierras y otros delitos, lo amarraron y lo tumbaron.

Días después, el alcalde de la ciudad ofreció una recompensa de $5 millones por información sobre los indígenas que participaron en el acto. Ante este hecho surgió un movimiento en redes sociales para proteger a los misak: cientos de usuarios compartieron fotos con letreros que decían "Alcalde, fui yo".

El Movimiento de Autoridades Indígenas también expresó rechazo frente los anuncios vigentes para que la Fiscalía y la Policía judicialicen a los comuneros: "(…) acatando su deber y derecho mayor con la autoridad indígena, (ellos) materializaron la orden de echar abajo el nefasto monumento que lleva años revictimizando la memoria colectiva del pueblo misak".

De hecho, le otorgaron poder al abogado Augusto Ocampo para que, ante la justicia ordinaria, haga respetar las decisiones judiciales adoptadas con base en el ejercicio autónomo de la autoridad indígena ancestral.

"(…) el llamado a la sociedad en general para que a propósito de la coyuntura se siente precedente que obligue a repensar lo que constituye o configura memoria ancestral territorial y cultural, patrimonio cultural e histórico. Académicos, universidades públicas, colectivos estudiantiles, feministas, decoloniales, procesos y organizaciones indígenas nacionales e internacionales y medios de comunicación alternativos han respaldado la justa causa que nos conllevó a realizar este acto de justicia y histórica", expuso el Movimiento.

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