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Gobierno apelará la orden de suspender el préstamo a Avianca

Uno de los argumentos es que se debe garantizar la movilidad aérea en el país y esta aerolínea es la que tiene mayor participación.

El Ministerio de Hacienda apelará ante el Consejo de Estado la orden que dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para suspender el préstamo que se pretendía hacer a Avianca. Así lo dio a conocer La W este lunes.

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La aerolínea tenía la aprobación para beneficiarse con 370 millones de dólares, provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que maneja los recursos estatales para enfrentar la pandemia, provenientes del Sistema General de Regalías y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. 

Según el Gobierno, la decisión de suspender el crédito va en contravía del objetivo de garantizar la movilidad aérea en el país. Avianca tuvo una participación del 45% en el total de los pasajeros transportados en 2019 y atendió 75 destinos. Su operación representa cerca de $15 billones anuales para la economía de Colombia.

¿Qué había pasado?

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó una medida cautelar de urgencia «consistente en suspender el desembolso del crédito aprobado a Avianca Holdings S.A. por el Fondo de Mitigación de Emergencias por un valor de 370 millones de dólares».

En el documento, compartido el pasado 11 de septiembre, el Tribunal señaló que el ministro de Hacienda tenía 24 horas para realizar «todas las actuaciones administrativas necesarias con el fin de dar cumplimiento a la orden impartida» e informarle «sobre tal determinación, acompañando los soportes correspondientes».

Avianca está en una reestructuración financiera tras acogerse en mayo a la ley de bancarrotas de Estados Unidos por las dificultades causadas por la pandemia de coronavirus. Explicó que el crédito es una transacción de 18 meses y hace parte de una operación liderada por inversionistas privados.

En la decisión del Tribunal también influyó la demanda del ciudadano Jonatan Ruiz, quien alegó que con el préstamo se estaría incurriendo en la vulneración a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la seguridad social.

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Aunque el desembolso no se había realizado por falta de la aprobación del Tribunal de Nueva York, la medida cautelar complicó el proceso.

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