Un total de 18.548 muestras para detectar coronavirus no pudieron ser procesadas porque presentaban fallas. Así lo establecieron la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades que catalogaron esta situación como una posible pérdida de recursos del sistema de salud.
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Las pérdidas superarían los $4000 millones. De acuerdo con el contralor, Carlos Felipe Córdoba, y el procurador, Fernando Carrillo, los recursos dispuestos por el Estado para la atención de la pandemia deben gestionarse con rigor y eficiencia.
«Los problemas identificados, que tienen como base deficiencias de carácter técnico, sumados a reiteradas fallas en la comunicación de los resultados de las pruebas diagnósticas, se convierten en factores que agravan la problemática situación derivada de la pandemia», indicó la Procuraduría.
¿Por qué no se pudieron procesar?
Las 18.548 muestras tomadas a igual número de ciudadanos resultaron imposibles de procesar en 107 laboratorios públicos y privados del país por distintos motivos.
Según los organismos de control, 2340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente; 1556 estaban derramadas; 2476 no tenían la identificación del paciente, presentaban inconsistencias en la rotulación o iban sin los formularios de entrega, y 1169 rompieron la cadena de frío y temperatura.
Otras 927 muestras presentaron fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiológica; 69 se entregaron luego de más de 72 horas de haberse tomado, y 10.011 se rechazaron por otros motivos como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, contaminación o daño.
«A pesar de que, desde el inicio de la pandemia, la Procuraduría y la Contraloría han venido advirtiendo las debilidades del proceso de toma, embalaje, rotulación, transporte y envío de las muestras, persisten grandes fallas que implican graves riesgos para la efectividad en la capacidad de respuesta», añadió la Procuraduría.
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Aunque el sistema de salud habría incurrido en los gastos para que se pudieran procesar las 18.548 muestras, los pacientes se quedaron sin conocer los resultados y sin tomar acciones para romper la cadena de contagios.
Por este caso, la Procuraduría y la Contraloría exhortaron a las autoridades locales y a la Superintendencia Nacional de Salud a ejercer vigilancia sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, con el fin de comprobar que cumplan los lineamientos para el manejo de la COVID-19.
«Enfrentar la pandemia exige la mayor responsabilidad y eficiencia en la utilización de los recursos públicos dispuestos para la misma. Lo contrario agrava la situación de salud de la población colombiana y genera sobrecostos injustificados en la atención de esta emergencia de salud pública», finalizó la Procuraduría.
Otra versión
Las entidades encargadas del manejo de la pandemia aún no se han pronunciado respecto a las denuncias de los organismos de control. Sin embargo, personas relacionadas con el tema han compartido argumentos que desmentirían la pérdida de recursos.
De acuerdo con el médico y docente Juan José Yunis, la cantidad de muestras que no se han podido procesar corresponde a menos del 0,7% de las que sí se han procesado.
«Se denominan muestras “no conformes”. Muestras que no cumplen estándares de calidad para su procesamiento. Si no se procesan, no se facturan«, dijo Yunis.
Andrés Villamizar, asesor de la gerencia COVID y coordinador de la estrategia PRASS, indicó que se han tomado más de 2,8 millones de muestras: «Es normal que un porcentaje sea rechazado por protocolo. Esas muestras no se cobran, sino que se repiten y se procesan».
