El impuesto solidario propuesto para atender la pandemia del coronavirus no pasó el filtro de la Corte Constitucional.
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En una apretada decisión, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 568 de 2020. El decreto, emitido en el marco de la emergencia por la pandemia, creaba un impuesto solidario para funcionarios con altos sueldos.
El impuesto que aplicaba para funcionarios, contratistas y pensionados de salarios superiores a $10 millones fue considerado inconstitucional. Según el fallo del alto tribunal, no aplicaban los principios de equidad tributaria horizontal ni generalidad del tributo.
La decisión judicial cubre a altos funcionarios públicos como ministros, senadores, directivos y a magistrados de los altos tribunales. El impuesto solidario buscaba retener hasta el 15% de sus salarios para colaborar con la financiación de los programas de atención a la pandemia del coronavirus.
El fallo propuesto por las magistradas Gloria Stella Ortiz y Cristina Pardo pasó por una votación de 5-4. La Corte aclaró que los recursos ya recaudados a través del impuesto solidario no serán devueltos a quienes los pagaron.
En cambio, se entenderá que estos recursos serán un anticipo para las declaraciones de renta correspondientes al año 2020, que deberán liquidarse en 2021.
