El pasado 14 de julio, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, presentó en Nueva York el informe que corresponde al periodo del 26 de marzo al 26 de junio de 2020 sobre el proceso de reincorporación de excombatientes de las Farc que se está desarrollando en la costa Caribe.
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Un resumen del informe fue dado a conocer en una rueda de prensa virtual, encabezada por Anna Pont, jefa de la regional Valledupar de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que cubre la región Caribe.
Sobre cómo se está dando el proceso de implementación de un modelo autosostenible pese a la pandemia en los ETCR, Pont detalló a PUBLIMETRO, que a pesar de los obstáculos estas comunidades, se han organizado para hallar otras oportunidades de negocios.
“La sostenibilidad del proceso de reincorporación, la cual sigue siendo una prioridad para el 2020, se ha visto afectada limitado por las medidas definidas para atender la pandemia, principalmente a causa de las consecuencias económicas en los proyectos productivos de excombatientes. Los desafíos tienen que ver, sobre todo, con la comercialización, a causa de las restricciones a la circulación, y la asistencia técnica, que se ha visto limitada por la brecha digital que existe en las zonas rurales”.
En estos poblados también se ha continuado la aprobación de proyectos productivos, beneficiando a cerca del 30% de personas en proceso de reincorporación.
El proyecto de confección en estas áreas tras quedarse sin clientes por la pandemia, se dedicó a hacer tapabocas con el permiso de INVIMA, con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, PNUD, la Misión de la ONU y la FAO.
“Hoy los proyectos de confecciones de Pondores y Tierra Grata tienen permiso del INVIMA para fabricar tapabocas y sus miembros han sido formados en protocolos de bioseguridad”, agregó Pont. A nivel nacional, son “once las iniciativas de excombatientes dedicadas a la producción textil (seis de las cuales están dirigidas por mujeres), que han empezado a confeccionar tapabocas, lo que demuestra su resiliencia y compromiso social. Miles de estos tapabocas fueron donados a poblaciones vulnerables”.
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Pont también contó como los excombatientes han construido sus propias viviendas en los ETCR generando lazos con estos espacios junto a sus familias e iniciando una nueva vida lejos de las armas.
“Estos espacios tienen hoy el doble de la población que cuando empezó el Proceso de Paz y allí han llegado a vivir familiares o nuevos miembros de familia de los excombatientes, han nacido sus hijos y construyen, en medio de todos los retos y desafíos, una nueva vida en la legalidad, lo cual significa un triunfo para la paz”.
La asignación de tierras a excombatientes, tanto para viviendas, como para proyectos productivos, continúa siendo un requisito fundamental para la sostenibilidad de la reincorporación en el país.
Pont destacó el apoyo que ha recibido por parte de la Alcaldía de Manaure y su mandatario hacia la implementación de los acuerdos en estas zonas.
Persisten la falta de seguridad y las amenazas
Sin embargo, pese a los avances, todavía continúa el miedo y la inseguridad en la región a causa de las presiones ejercidas contra los desmovilizados. En el período sobre el que se informa, la Misión verificó 13 asesinatos (todos ellos de hombres), con lo que en 2020 suman en total 31 (incluidas 2 mujeres).
“Los asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos han continuado durante la pandemia, lo que vuelve a poner de manifiesto que es urgente adoptar medidas inmediatas y concretas para hacer frente a este problema”, aseguró Pont.
Desde la firma del Acuerdo Final, la Misión ha verificado 213 asesinatos de exmiembros de las FARC-EP (incluidas 4 mujeres), 48 intentos de asesinato (incluidas 2 mujeres) y 15 desapariciones.
Pont dijo que, del total de los asesinatos de excombatientes verificados por la Misión, dos de estos han ocurrido en el Caribe, uno en Sucre, y otro en Córdoba.
El informe además concluyó haciendo un llamado a la completa implementación del punto 3.4 del Acuerdo Final, incluyendo “avances sustantivos en la política de desmantelamiento de grupos armados ilegales y criminales de parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la aprobación, financiación y asignación de esquemas de protección, y mayores avances en el Programa Integral de Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos”.
Cifras:
13.394 exmiembros de las FARC están acreditados en el país en los Acuerdos de Paz.
Un 30 por ciento de las personas en procesos de reincorporación se han beneficiado con la aprobación de proyectos productivos.
Desde la firma del Acuerdo Final, la Misión ha verificado 213 asesinatos de exmiembros de las FARC-EP (incluidas 4 mujeres) en el país.
