El caso de una niña embera de 12 años abusada sexualmente por al menos siete militares sigue causando indignación. ¿Soldados que violaron a la niña indígena podrían recibir cadena perpetua?
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Dicho suceso se conoció una semana después de que el Senado aprobara el proyecto de acto legislativo que permite la imposición de una cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños.
El 24 de junio, el presidente Iván Duque se refirió a este caso y sugirió que la reforma constitucional podría tener su primera aplicación allí.
«Lo reitero: si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos. Pero la vamos a inaugurar para que cojan escarmiento esos bandidos, esos sinvergüenzas que creen que pueden pasar por encima de la dignidad de nuestros niños en Colombia», dijo el mandatario.
Una falsa promesa
Sin embargo, es imposible que los soldados que abusaron de la niña indígena sean condenados a cadena perpetua. De hecho, la semana pasada se conoció que la Fiscalía les imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, que les podría dar hasta 30 años de prisión.
De acuerdo con el investigador y docente Rodrigo Uprimny, la declaración del presidente tiene tres errores jurídicos que van en contra de principios constitucionales básicos.
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El primero es el principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal, que significa que no se puede imponer la cadena perpetua hasta que no se desarrolle la reforma constitucional y se especifique para qué delitos aplica.
El segundo error está relacionado con la separación de poderes, pues el único en capacidad de imponer una cadena perpetua es un juez penal.
El tercero es la independencia de la Fiscalía. Esta entidad es la encargada de decidir si, con base en la ley, pide o no la cadena perpetua. No está dentro de las facultades del presidente exigir que alguien sea cobijado con esta medida.
Además, la fiscal delegada para la seguridad ciudadana, Carmen Torres, ha repetido que los militares tendrán una pena que va entre los 16 y los 30 años.
Esto permite concluir que los soldados que violaron a la niña indígena no van a recibir cadena perpetua, así el presidente de la República lo haya insinuado en su aparición mediática.
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