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Más de 230.000 familias campesinas dependen del cultivo de coca en Colombia

Más de 230.000 familias campesinas dependen del cultivo de coca como principal medio de sustento económico. Así lo indica la campaña «Rostros que siembran», presentada por organizaciones de la sociedad civil.

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de Colombia (COCCAM), la ONG Christian Aid y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) son los promotores de esta iniciativa que busca combatir el estigma que llevan a cuestas estos productores, el eslabón más débil de la cadena productiva del narcotráfico.

Familias campesinas dependen del cultivo de coca

El cultivo de coca, materia prima para la producción de cocaína, es para muchas comunidades campesinas una cuestión económica. «Tiene que ver con que estos territorios hace años fueron marginados del desarrollo del país y sufren el abandono histórico del Estado», manifestó el delegado nacional de COCCAM, Arnobi Zapata, citado en un comunicado.

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La falta de oportunidades y la rentabilidad de la hoja de coca, con la que ganan «unos dos salarios mínimos», también favorece a los cultivos ilegales. Esto, frente a otros tradicionales como el café o el cacao, cuya comercialización es más difícil, señala la campaña.

Los campesinos cocaleros enfrentan además el problema de que viven bajo el yugo de los grupos armados ilegales. Ellos son los que regulan el mercado de la coca.

Con la esperanza de empezar a transformar su economía, 99.000 familias se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), producto del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la antigua guerrilla Farc. Mientras que Christian Aid busca ayudarlas con programas de comercialización de cultivos legales.

Esta iniciativa comenzó con el «Proyecto María Caicedo» para el desarrollo de mercados inclusivos, que estudió casos en tres lugares del país: el Valle del Río Cimitarra, el Catatumbo y Tuluá, en Valle del Cauca.

Retos del campo

El informe muestra que las mayores trabas para la sustitución voluntaria de la coca está en la falta de infraestructura, de servicios públicos, como centros educativos y de salud, y los altos costos de producción y de transporte.

También identificó problemas estructurales, como la falta de propiedad de la tierra, que dificulta el acceso a la financiación formal.

«Los comerciantes de víveres en las comunidades campesinas otorgan créditos, no necesariamente en efectivo. Solo por el hecho de tener un cultivo de hoja de coca por la confianza en términos de retorno que este genera», indicó el estudio.

Aún así, varios programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos ya están operativos. Es el caso de Ecobúfalo en el Magdalena Medio, que cuenta con 80 asociados. Además del de Café Soberano, en el Valle del Cauca, con unos 400 socios.

Mujeres y jóvenes

La campaña también quiere visibilizar el trabajo de jóvenes y mujeres. Ellos representan casi la mitad de la mano de obra en los cultivos de coca y en la elaboración de pasta base.

Normalmente «ellas son las que se hacen cargo de las labores en la cocina. También las que llevan la contabilidad y se responsabilizan del pago a los obreros», según el estudio «El papel de las mujeres y jóvenes en la economía de la pasta de base de coca».

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