Un fiscal colombiano impuso una nueva «medida de aseguramiento privativa de la libertad» contra el general retirado de la Policía Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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Santoyo cumplió una condena de más de seis años en Estados Unidos por narcotráfico, tras lo cual fue deportado y está recluido en una cárcel bogotana desde hace un año por otro caso que tiene abierto, relacionado con la desaparición de dos líderes campesinos en el 2000 cuando era director del Gaula Rural (unidad contra el secuestro) de la Policía.
Sin embargo, la nueva orden en su contra tiene que ver con una investigación de la Policía a su patrimonio, de más de 6.300 millones de pesos (unos 1,5 millones de dólares) que «en parte sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos» paramilitares cuando estuvo vinculado a la Policía entre 1999 y 2009.
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En ese sentido, la Fiscalía detalló que según testimonios dados a la justicia por paramilitares, la banda narcotraficante «La Oficina» y cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pagaron a Santoyo para que ayudara a «dejar en libertad» a miembros de esa organizaciones.
«Por estos favores ilícitos, el general en retiro habría recibido en su momento más de 1.700 millones de pesos (unos 420.000 dólares)», agregó la Fiscalía.
Antes de ser extraditado a EE.UU. hace más de siete años, el general retirado aceptó que participó en la «interceptación de líneas telefónicas», en su calidad de «comandante del Gaula Urbano de Medellín con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones».
Admitió además «haber cometido errores» de los que se arrepentía y se declaró culpable de colaborar con actividades de narcotráfico así como de apoyar a las paramilitares AUC, desmovilizadas en 2006 tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de Uribe.
SANTOYO EN LA JUSTICIA DE PAZ
En marzo pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió el proceso contra Santoyo por la desaparición en diciembre del 2000 de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).
En este caso, la JEP declaró «su competencia exclusiva y prevalente frente a este proceso», por lo que será ese tribunal el que juzgue los delitos por concierto para delinquir y desaparición forzada de los que se acusa al general en retiro.
Según la Fiscalía, Quintero y Monsalve sufrieron una persecución sistemática por parte de las AUC, en asociación con agentes de Estado, que se orquestó contra Asfaddes.