La Procuraduría colombiana (Ministerio Público) suspendió, de manera preventiva, al gobernador del departamento del Chocó (fronterizo con Panamá) por supuestas irregularidades en un contrato firmado durante la emergencia sanitaria del coronavirus SARS-CoV-2, informó este viernes la entidad.
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El contrato, por más de 2.000 millones de pesos (unos 495.000 dólares), fue firmado entre el mandatario local, Ariel Palacios Calderón, y la Fundación Chocó Saludable para «prestar los servicios a través de una jornada de salud» para la prevención frente a la amenaza de la COVID-19.
«Se ha decretado por parte de la Procuraduría, en materia disciplinaria, la suspensión del gobernador del Chocó (…) Estamos hablando de un contrato de más de 2.000 millones de pesos, un contrato que por supuesto estamos solicitando la suspensión», informó el procurador general, Fernando Carrillo, en una rueda de prensa.
Según el Ministerio Público, «se trata de actividades que no tienen ninguna prioridad ni ninguna relación con la pandemia», con la posibilidad de incumplimiento.
De acuerdo con Carrillo, el objeto de la fundación «no da para poder cumplir lo que está contenido en los pliegos».
Situado en la región del Pacífico, el Chocó es el departamento con mayor índice de pobreza monetaria (58 %) del país, según el Departamento Nacional de Planeación; y solo cuenta con seis hospitales de primer nivel (básico) para atender a 30 municipios y uno de segunda categoría (intermedio) para más de 530.000 habitantes.
Las 27 camas de sus tres Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), fundamentales en esta pandemia, no solo pertenecen al sistema de salud privado sino que además están permanentemente ocupadas.
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Además, los profesionales de la salud del departamento denuncian constantemente el incumplimiento de los pagos y la precaria infraestructura con la que cuentan para atender la emergencia, que ya deja 10 contagios en el Chocó.
Ante las circunstancias, el procurador aseguró que es inédita la corrupción que se ha vivido en el país durante las últimas semanas por cuenta de la mala utilización de los recursos públicos.
«Resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por la COVID-19 que los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes», cuestionó Carrillo.
INDAGACIONES EN CATORCE DEPARTAMENTOS
En un inédito comunicado conjunto, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría anunciaron este viernes las primeras medidas disciplinarias, fiscales y penales que han tomado durante la contingencia por la pandemia.
Los tres entes de control encontraron anomalías por 135.000 millones de pesos (casi 33,4 millones de dólares) en más de 50 contratos en todo el país.
Tras 16 reuniones, la Procuraduría General abrió 24 expedientes por presuntas irregularidades en las gobernaciones de Chocó, San Andrés, Magdalena, Tolima, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, La Guajira, Atlántico, Cesar, Sucre, Arauca y Casanare, así como 70 procesos en 55 alcaldías.
Las causas principales de estas investigaciones han sido la contratación irregular, los sobrecostos en la adquisición de ayudas alimentarias y elementos de protección, transgresión de la medida de aislamiento obligatorio, vulneración de la población penitenciaria y extraliminatación de funciones.
Los entes de control también avanzan en tres procesos de juicios disciplinarios por irregularidades en la Gobernación de Arauca y las alcaldías de Socorro (Santander) y Guaduas, municipio cercano a Bogotá y ubicado en Cundinamarca.
Además, fue suspendido el alcalde del municipio de Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balsero, por las presuntas irregularidades encontradas en un contrato de 369 millones de pesos para la provisión de kits de alimentos.
Por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa, informó que el ente investiga a 41 funcionarios por sus acciones durante la emergencia sanitaria y aseguró que las acciones de esa entidad sobre 13 contratos han impedido el despilfarro de 17.000 millones de pesos (unos 4,2 millones de dólares).
Los tres organismos anunciarán en los próximos días nuevas medidas con las que pretenden parar el desvío de los recursos públicos durante la emergencia por el coronavirus, que deja 4.561 contagiados en el país y 215 víctimas mortales
