La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) pidió este domingo a los grupos ilegales cesar ataques en el país como los asesinatos de líderes sociales que han ocurrido «en medio de los enormes desafíos y amenazas que supone el COVID-19».
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El organismo condenó «los graves hechos de violencia que se han registrado en los últimos días contra liderazgos sociales y de derechos humanos, así como las persistentes afectaciones a varias comunidades del país a causa del conflicto armado y la criminalidad».
Entre esos crímenes señaló los asesinatos de la lideresa Carlota Isabel Salinas, perpetrado en el caribeño departamento de Bolívar el martes pasado, y el del líder social y campesino del departamento colombiano del Putumayo Marco Rivadeneira, ocurrido en la localidad de Puerto Asís.
También mencionó el de Ángel Ovidio Quintero, presidente del Concejo del municipio de San Francisco (noroeste) el pasado 20 de marzo, y los de los indígenas Omar Guasiruma y Ernesto Guasiruma, del pueblo Embera en el Valle del Cauca (suroeste) cometidos la semana anterior.
La MAPP/OEA constató además «la continuidad de afectaciones por parte de grupos armados ilegales, como amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados de comunidades en el Alto Baudó (Chocó), Roberto Payán (Nariño), Argelia y El Tambo (Cauca), y de hostigamientos a estaciones de policía en el norte del Cauca que ponen en alto riesgo a la población civil».
De igual forma señaló la denuncia de organizaciones sociales de la convulsa región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, sobre el asesinato de un joven campesino de 20 años por soldados del Ejército durante una movilización contra «las erradicaciones manuales, violentas y forzadas» de coca en la zona.
Según el informe anual sobre el país de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentado en febrero, 108 defensores de DD.HH. fueron asesinados en Colombia el año pasado.
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Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que en lo que va de 2020 han sido asesinados al menos 24 líderes sociales.
MULTIPLICAR LA PROTECCIÓN
La Misión de la OEA pidió al Estado colombiano «multiplicar las medidas de prevención y protección del liderazgo social y de la población civil que habita zonas fuertemente impactadas por la violencia y la inequidad».
De igual forma valoró los esfuerzos de las autoridades para contrarrestar los efectos del coronavirus, del que ya hay 608 casos confirmados de los cuales siete fallecieron y 10 se recuperaron.
Sin embargo, invitó a los gobiernos a «disponer los recursos y las acciones necesarias para atender a las poblaciones que, en las actuales circunstancias, son vulnerables tanto al virus como a los efectos de las violencias y la desigualdad».
La MAPP/OEA también pidió a los grupos ilegales a que, además de cesar los ataques contra la población civil, respeten «la integridad del personal médico, sanitario y humanitario, público y privado, que trabaja incansablemente para afrontar la emergencia sanitaria».
CESE EL FUEGO
El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, también pidió esta semana que se declare un «cese el fuego» en el país, que debe unir esfuerzos «para reducir el riesgo de propagación del virus y de afectación, especialmente a las comunidades más vulnerables».
«En Colombia, aún en el marco de esta situación y de las medidas de aislamiento obligatorio, hay quienes siguen siendo víctimas de la violencia: comunidades en departamentos como Cauca, Chocó o Antioquia; personas en proceso de reincorporación, y líderes sociales siguen sufriendo amenazas, hostigamientos y acciones armadas», dijo.
Por ello, consideró que «hoy, más que nunca, es el momento para que la violencia y el conflicto den paso a la unión y a la solidaridad» para enfrentar el coronavirus.
