Organizaciones sociales y académicas de la capital presentaron una tutela con el fin de convocar medidas eficaces para garantizar el derecho político a la movilización y a la protesta, teniendo en cuenta denuncias de abuso de autoridad en el marco del paro nacional, avivado desde el pasado 21 de noviembre.
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En primera instancia, la acción fue declarada improcedente, sin embargo, esta sigue en pie, gracias a que 14 concejales y dos congresistas de distintos partidos políticos radicaron ante la Corte Suprema de Justicia un documento de coadyuvancia en apoyo a la tutela.
“Nos sumamos a la tutela en segunda instancia, para coadyuvar con nuevos argumentos, que sacamos a partir de los debates que realizamos en el Concejo de Bogotá y de las respuestas a derechos de petición que le mandamos a la Administración Distrital y la Policía. En ese sentido nos sumamos a la tutela con la perspectiva de que no la declaren insubsistente. Esperamos en un mes, aproximadamente, tener alguna respuesta”, expresó en diálogo con PUBLIMETRO el concejal de la Alianza Verde, Diego Cancino.
La tutela en trámite contra el presidente de la República, el ministro de Defensa, el director de la Policía Nacional y el director de la Policía Metropolitana de Bogotá, que incluye más de 15 peticiones, fue interpuesta por el Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Humanidad Vigente, la Dra. Ana Bejarano y el Dr. Douglas E. Lorduy, entre otros.
Concejales y congresistas se unen para poner fin a los abusos del Esmad
En el documento que le enviaron a la Corte, los cabildantes insistieron en que las protestas han sido mayoritariamente pacíficas y que los actos de violencia que se presentaron durante las movilizaciones de 2019 no llegaron ni siquiera al 12%.
Por el contrario, mencionan que la Fuerza Pública sí se excedió en el uso de sus atribuciones, por lo que consideran que lo sucedido en el Paro Nacional constituye graves violaciones a los derechos humanos, incluidas la tortura y la desaparición forzada.
De acuerdo con los concejales, cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (Sdscj), indican que durante el 2019 se realizaron 797 movilizaciones o manifestaciones, de las cuales, únicamente 95 se tornaron violentas, es decir, solo el 11,9%. A pesar de ello, entre el 21N y el 19D, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) realizó 111 intervenciones. Esto quiere decir que en 27 días el Escuadrón intervino más veces que en el número total de las protestas violentas de todo el año 2019.
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Igualmente, llaman la atención sobre el uso de infiltrados de la Fuerza Pública en las manifestaciones. Según los cabildantes, la Policía Metropolitana “reconoce que infiltra las movilizaciones con miembros de la Fuerza Pública vestidos de civil como una estrategia de inteligencia para identificar a quienes pretenden alterar el orden de las mismas”. Sin embargo, no existe informe alguno que de cuenta de los logros y/o resultados de dichas infiltraciones.
Por lo anterior, la tutela busca que se analice las actuaciones del Esmad y que se propongan reformas de fondo.
Adicionalmente, que se ordene a la Policía Nacional, abstenerse de usar la figura de traslados por protección contra los manifestantes, así como de hostigarlos física y verbalmente y lanzarles elementos de dispersión de manera directa.
De acuerdo con el documento, según la misma Policía Metropolitana de Bogotá, durante las protestas realizadas en 2019 se realizaron 940 traslados por protección. Diversos testimonios que hicieron parte de investigaciones realizadas por organizaciones sociales, indican que hubo graves violaciones a los derechos humanos: tortura física, psicológica y sexual, desaparición forzada, tratos crueles inhumanos y degradantes, en medio de dichas detenciones.
“Estamos pidiéndole a la Corte que estudie de fondo las peticiones y que nos ayude a prevenir que no se cometan estos abusos en las manifestaciones que vienen, que se protejan los derechos fundamentales de quienes están en las manifestaciones”, puntualizó la concejal Susana Muhamad, de Colombia Humana-UP-Mais, teniendo en cuenta que para el próximo 25 de marzo está convocada una nueva jornada de paro nacional, para exigirle al Gobierno la negociación del pliego de peticiones presentado desde año pasado.
