El relator especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, denunció este miércoles ante el Consejo de la ONU en esa materia que Colombia es el país de América Latina con mayor número de activistas asesinados y aseguró que “la gran mayoría de ellos están en peligro”, especialmente desde la firma del acuerdo de paz.
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Forst, cuyo mandato concluye el próximo 1 de mayo, expuso sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra, un informe que ha causado fuertes tensiones entre la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Gobierno de Iván Duque.
“Los que están en mayor riesgo son los líderes sociales que defienden los derechos humanos en áreas rurales, en particular de aquellos que aplican el acuerdo de paz y defienden los derechos medioambientales, la tierra y los pueblos indígenas y afrocolombianos”, sostuvo.
El relator insistió en que el alto número de asesinatos de activistas, la impunidad que impera, y la estigmatización y criminalización de éstos son los tres rasgos más inquietantes de la situación que pudo observar durante una misión oficial que realizó a fines de 2018 a Colombia.
Esa visita debía ser completada, según ha explicado Forst anteriormente, por una segunda visita al país durante 2019, la cual no pudo realizarse porque no hubo una acuerdo al respecto con las autoridades del país andino.
Forst hizo hincapié durante su presentación en las críticas más serias al Estado colombiano que contiene su informe y que han disgustado al Ejecutivo, que lo ha acusado de inexactitudes y de falta de rigor en las cifras que utiliza.
La intervención de la embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra, Adriana Mendoza confirmó este malestar, en particular cuando explicó –tras la presentación de Forst- que las discrepancias del gobierno se deben a la necesidad “de contrastar cifras, verificar información con fuentes oficiales y fundamentar aseveraciones con datos comprobables”.
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La segunda misión que no pudo llevarse a cabo tenía el propósito de actualizar los datos del informe que debía presentar en la primera sesión de 2020 del Consejo de Derechos humanos, la que tiene lugar estas semanas, una cuestión que el relator prefirió no abordar en su intervención.
Sobre los principales temas de preocupación que identificó, Forst afirmó que Colombia ha sido entre 2016 y 2019 el país latinoamericano con el mayor número de asesinatos de defensores de los derechos humanos, por encima de otros países como Brasil y México, donde los datos ya son alarmantes.
Precisó que entre 324 y 486 activistas –según las fuentes que se utilicen- fueron asesinados entre el acuerdo de paz en 2016 y junio de 2019.
En cuanto a los altos niveles de impunidad, Forst mencionó los 302 casos de defensores asesinados que han sido documentados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de los cuales “solo el 11 % han sido clarificados, mientras que en el 89 % restante no se ha establecido la responsabilidad”.
De estos últimos, en más de la mitad de casos las investigaciones han registrado algún progreso.
El relator hizo un llamamiento para que se priorice en la aplicación del acuerdo de paz la parte relativa a la protección de los defensores de los derechos humanos y que en esta tarea participe activamente la sociedad civil.
Por su parte, la embajadora Mendoza transmitió de forma implícita la decepción de su gobierno por las conclusiones de Forst.
“Esperábamos que la apertura del gobierno diera la oportunidad al relator de identificar en el terreno los enormes desafíos que enfrenta el Estado”, comentó.
Recalcó que los homicidios se han producido en zonas con cultivos ilícitos y que son corredores del narcotráfico, así como en lugares donde hay explotación ilegal de yacimientos mineros y presencia de grupos armados organizados.
“Las agresiones ocurren en 66 municipios del país, lo que corresponde al 5 % del territorio nacional”, aseguró la diplomática para ponderar lo expuesto por Forst.
Cuando el informe fue dado a conocer en Colombia, Duque calificó el reporte como “un informe chambón”, una dura y despectiva declaración que da a entender que el documento contiene “imprecisiones”.
Asímismo, consideró una «intromisión en la soberanía de un país» las sugerencias del informe relativas a que la Policía pase a estar bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior en vez del de Defensa, y aquellas relativas la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC.
