Movimientos sociales y sindicales de la capital vallecaucana se unen a la movilización nacional convocada para el 21 de febrero, que busca reiterar la exigencia de cumplimento de los acuerdos que el Gobierno tiene con los maestros, alzar una voz por los líderes sociales asesinados, oponerse a la política ambientalista del país, resistir a las reformas laboral y pensional, entre otros motivos.
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A nivel departamental, sin embargo, hay otras solicitudes puntuales: “A la Alcaldía de Cali le venimos diciendo que tiene que parar los desalojos y hacer propuestas claras para los sectores que no tienen vivienda en la ciudad”, dijo Wálter Ágredo, defensor de derechos humanos y miembro del comité de solidaridad con presos políticos.
Además de las exigencias de vivienda para los grupos menos favorecidos, los movimientos sociales del Valle del Cauca se pronuncian por el manejo que se le ha dado a la erradicación de cultivos ilícitos en la parte alta de Jamundí.
“No puede seguir siendo una erradicación ‘a secas’, sin tener en cuenta al sector campesino y a la gente que vive en esa zona. Le decimos al alto gobierno y a los gobiernos locales que tienen que llegar a propuestas concertadas con las comunidades frente al tema de cultivos de uso ilícito”, añadió Ágredo.
En Cali, las movilizaciones del 21 de febrero tienen dos puntos de concentración: Puerto Resistencia, antes conocido como Puerto Rellena, lugar de encuentro de comunidades barriales y estudiantes de la Universidad del Valle que emprenderán el camino hacia el Parque de las Banderas. Este último es el segundo punto de concentración, en el que se reunirán los maestros y las centrales obreras.
El recorrido saldrá a las 9:00 a.m. del parque y tomará la calle 5 con dirección a la plazoleta de la Gobernación. Para la jornada de la tarde hay planeados actos culturales, discursos y un carnaval por la vida con el que se busca conmemorar los nueve años de la desaparición de la ambientalista Sandra Viviana Cuéllar.
Desde la administración municipal se anunció un plan que busca garantizar una jornada pacífica. “Los desplazamientos tendrán el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad, de la Policía Metropolitana de Cali y de un grupo de gestores y mediadores de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. También tendrám el monitoreo del Puesto de Mando Unificado, que es la instancia donde se coordinan todas las decisiones para acompañar este tipo de jornadas”, dijo el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas.
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El funcionario agregó que no se tienen previstas actividades de bloqueo en las entradas o salidas de la ciudad, pero que se atenderán de manera inmediata en caso de que se generen. “Todo el sistema de movilidad funcionará con la máxima normalidad, con planes de contingencia para garantizar la movilidad de los ciudadanos. Deseamos que no ocurra ningún evento que afecte el desarrollo normal de las movilizaciones”, enfatizó Rojas.
¿Y el vandalismo?
Ágredo, defensor de derechos humanos y líder de las manifestaciones que se vienen desarrollando de manera frecuente desde el 21 de noviembre del año pasado, afirmó que hasta el momento no hay ninguna persona procesada en Cali por cometer delitos en el marco de la protesta social. De acuerdo con los reportes de las autoridades, no hay judicializados por vandalismo durante las manifestaciones.
“Las organizaciones de derechos humanos contabilizamos que solo hay cuatro personas vinculadas a una investigación, pero ni siquiera fueron presentadas ante jueces de control de garantías porque la Fiscalía consideró que no había material probatorio para decir que habían cometido un delito en el marco de la defensa social. Los casos de vandalismo han sido hechos aislados”, aseguró el líder.
