Los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) han disparado el desplazamiento de personas en la región colombiana del Catatumbo, que hace parte del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
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Al menos 236 personas tuvieron que abandonar sus viviendas esta semana en la zona rural de La Arenosa, cercana al municipio de Ábrego, por enfrentamientos entre estas dos guerrillas, que desde hace varios años luchan por el control territorial de esa región, informaron autoridades locales.
Los desplazados caminaron durante una hora hasta llegar a la aldea de El Espejo, en la vecina la localidad de Bucarasica, donde siguen «hacinados en la escuela pública» mientras reciben refrigerios y ayuda psicológica, explicó por teléfono a Efe el secretario general de la alcaldía de Bucarasica, Javier Velandia.
El funcionario recalcó que todavía no conocen el número exacto de personas desplazadas porque los enfrentamientos entre ambos grupos «están sucediendo en este momento» y por eso esperan tener un censo exacto mañana cuando visiten la población junto a otras organizaciones.
«En octubre del año pasado ya se dio un desplazamiento masivo por esa misma zona y a pesar de que la situación se había calmado, ayer recibimos la noticia» de los nuevos combates, señaló Velandia.
TERRITORIO EN DISPUTA
Parte del municipio de Ábrego está en la región del Catatumbo, región fronteriza con Venezuela y una de las más violentas del país por las constantes acciones armadas del ELN -actualmente la principal guerrilla del país-, disidencias de las FARC, grupos de narcotraficantes y un reducto del EPL, considerado por el Gobierno como una banda criminal.
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El Catatumbo, una región selvática y montañosa que abarca la mitad septentrional de Norte de Santander, está conformada por los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Ocaña, Hacarí, La Playa, Ábrego y Bucarasica.
La región fue la primera provincia petrolera de Colombia, por los yacimientos explotados desde la primera mitad del siglo XX en Tibú, pero en los años 70 se convirtió en objetivo de los grupos guerrilleros, en especial del ELN que tiene en esa zona uno de sus fortines, y posteriormente de las FARC.
El analista político Henry Ortega, del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), explicó a Efe que el desplazamiento en el Catatumbo es «intrarregional», con familias enteras que se trasladan «de pueblito a pueblito» a causa de la disputa territorial «sangrienta» entre los distintos grupos armados ilegales que buscan el control del narcotráfico y de las rutas para exportar la droga.
«No se veía una situación así de violencia directa sobre la población civil desde el año 2000 con la incursión de los paramilitares en la región», lamentó Ortega.
«VACÍO DE PODER»
La guerra entre el ELN y el EPL se da «en un momento de transición en el Catatumbo» que empieza con el «vacío de poder» dejado por la desaparición de las FARC a raíz de su desarme y desmovilización tras la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016.
Un ejemplo de esta violencia fue «el proceso de estigmatización desde el ELN a ciertos sectores de la población que catalogaba como cómplices del EPL y que después sometía a violaciones de los derechos humanos», explicó Ortega.
Los combates entre ambos grupos se acentuaron en marzo de 2018 y se prolongaron por semanas en distintos lugares del Catatumbo, con un número indeterminado de muertos, enfrentamientos que según el ELN se produjeron porque el EPL le «declaró la guerra».
El grueso del EPL, que llegó a tener más de 3.000 miembros, se desmovilizó en 1991 gracias a un acuerdo de paz firmado con el Gobierno, pero una disidencia de unos 200 hombres se mantuvo activa en el Catatumbo, dedicada principalmente al narcotráfico, razón por la cual el Gobierno dejó de considerarlo una guerrilla y lo cataloga como una banda criminal llamada coloquialmente de «los pelusos».
COMUNIDADES FLOTANTES
La violencia entre «elenos» (como se conoce al ELN) y «pelusos» empujó a la población civil «a dejar atrás sus diferencias» y unirse bajo iniciativas de resistencia, «como cuando la Comisión por la Vida y por la Paz reclamó al ELN y al EPL que pararan su confrontación y exigió además al Estado que hicieran cumplir los Acuerdos de Paz», recordó Ortega.
El desplazamiento de 2018 demostró el músculo asociativo de la población y su rápida coordinación con las organizaciones humanitarias, que construyeron refugios para que quienes huían de la violencia e iban «flotando» de un caserío a otro recibieran ayuda, alabó el politólogo.