Con medida de aseguramiento no privativa de la libertad fueron cobijadas las seis personas a cargo de un centro de rehabilitación en Palmira, Valle del Cauca, donde las autoridades descubrieron que los pacientes eran sometidos a torturas.
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Los responsables judicializados son los terapeutas Wilder Fabián Fernández Caro, Carlos Andrés Granada Ruiz, Alexander Caicedo Quintero y Juan Carlos Peñaradonda de la Pua; la psicóloga Luz Damaris López, y la auxiliar de enfermería Jhimbalin Rivas Gutiérrez.
El pasado 23 de enero, un allanamiento al presunto sitio especializado para farmacodependientes y pacientes psiquiátricos permitió descubrir un cuarto de castigo con rejas de hierro, sin luz y con malas condiciones higiénicas, donde permanecían amarrados algunos de los internos.
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«Venía prestando los servicios desde hace tres años. Luego de una visita interinstitucional se pudo establecer que, al parecer, estarían utilizando métodos de intervención no convencionales, como colocar grilletes a los pacientes y atarlos, de pies y manos, a postes de las zonas comunes del lugar», explicó la Fiscalía.
Entre los 105 internos rescatados había 17 menores de edad, dos adultos mayores y dos personas con discapacidades cognitivas. Los menores de edad iniciaron proceso de restablecimiento de derechos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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Por lo pronto, el personal médico y administrativo permanecerá en libertad, pero ninguno de los judicializados podrá salir del país, ni acercarse al centro de rehabilitación, ni salir de casa entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. Además, cada ocho días deberán presentarse en la Fiscalía.
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