La ONIC pidió una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Cauca donde consideran ocurre un «genocidio» en su contra. Esto, luego del asesinato de cinco miembros del pueblo nasa.
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«Estamos solicitándole a la CIDH realizar una visita extraordinaria con el fin de acompañar esta grave situación y de realizar una visita de verificación en terreno, como la visita de la relatora especial sobre pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz», afirmó el consejero mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias, en una rueda de prensa en Bogotá.
La masacre, en la que seis personas más resultaron heridas, fue perpetrada al parecer por disidentes de las FARC en la comunidad de Tacueyó y los fallecidos son la autoridad neehwe’sx Cristina Bautista, así como los guardias indígenas Asdruval Cayapu, Eliodoro Inscué, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto, oriundos de varias aldeas del Cauca.
En ese sentido, Arias señaló que Tauli-Corpuz se reunió con Cristina Bautista este año en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.
«Esa indígena que se reunió con ella en abril de este año murió en una masacre. Entonces creo que la relatora tiene no solamente una responsabilidad jurídica, sino ética y moral de venir a Colombia (…) Necesitamos a la relatora en Tacueyó, en el municipio de Toribío (Cauca)», aseveró Arias.
PETICIONES Y CRÍTICAS AL GOBIERNO
Al considerar que «el desangre de los pueblos indígenas se configura en un genocidio», la ONIC exigió a las autoridades adoptar «las medidas necesarias para superar la grave situación de emergencia humanitaria, social, económica y cultural que sufren los pueblos indígenas del Cauca».
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«Requerimos el acompañamiento de una misión de verificación del genocidio físico y cultural de los pueblos indígenas en el territorio para presenciar directamente todas las afectaciones que se viven en él a causa del conflicto armado, el extractivismo y las políticas de desarrollo del Estado», aseguró el consejero mayor de la ONIC.
La consejera de Derechos Humanos de la ONIC, Aída Quilcué, señaló que la masacre, «como las otras, fueron premeditadas» y recordó que a principios de año realizaron una «minga», como los indígenas llaman a su protesta, «justamente para evitar este tipo de situaciones».
La representante indígena también alertó que la presencia de la fuerza pública en la zona los pone en riesgo y puso como ejemplo el asesinato del joven defensor activista Flower Jair Trompeta Pavi, ocurrido el pasado lunes en el municipio de Corinto y de la cual se acusa al Ejército.
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