La Procuraduría colombiana ordenó la suspensión por tres meses del alcalde de Tierralta, Fabio Leonardo Otero, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el control del orden público relacionadas con un caso que derivó en el asesinato de la líder María del Pilar Hurtado.
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La suspensión forma parte de una pesquisa disciplinaria «por presuntas irregularidades en el control del orden público, que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes y que habrían derivado en el homicidio» de Hurtado el pasado 21 de junio, detalló la Procuraduría (ministerio público) en un comunicado.
El homicidio de Hurtado, de 34 años, estremeció a Colombia por los gritos de su hijo frente al cadáver de su madre recién asesinada que fueron grabados en un vídeo posteriormente difundido en las redes sociales.
La Procuraduría Provincial de Montería, capital del departamento de Córdoba del que forma parte Tierralta, precisó que con la permanencia del investigado en el cargo podría haber una interferencia al proceso disciplinario, agregó la información.
En caso de que Otero «despliegue acciones sobre la administración, presuntamente encaminadas a la recuperación de uno de los predios invadidos, que sería de propiedad de su padre».
El director de la Fundación Social Cordoberxia, Andrés Chica, de la que formaba también parte Hurtado, dijo a Efe el pasado 23 de junio que la mujer asesinada «no pertenecía a una organización social campesina pero sí tenía un liderazgo dentro de su comunidad en el marco de la invasión de un predio de propiedad del padre del alcalde».
De esta manera salió al paso de un comunicado de la Alcaldía del municipio que horas después del crimen afirmó que Hurtado no era una líder social y tampoco estaba amenazada por las Águilas Negras, un grupo heredero del paramilitarismo.
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La mujer, procedente de Puerto Tejada, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), se había establecido en Tierralta hace más de diez años en busca de mejor vida.
Entre las pruebas que está evaluando ahora la Procuraduría figuran las órdenes que al parecer había impartido el alcalde Otero en el Consejo de Seguridad del pasado 30 de mayo, en las que habría dado instrucciones precisas a la Policía para la recuperación del predio de su familia.
Por este caso también es investigado el secretario de Gobierno de Tierralta, Willington Ortiz Naranjo.
Tierralta forma parte de una región que integra el Bajo Cauca Antioqueño con una continuación natural a través del río Cauca en el sur del departamento de Córdoba (norte) y que también comprende los municipios de Tarazá, El Bagre, Nechí, Cáceres, Zaragoza, San José de Uré y Montelíbano.
Por esa región, un corredor del narcotráfico que sale al caribeño golfo de Morrosquillo, combaten el Ejército de Liberación Nacional (ELN); dos grupos herederos de los paramilitares, «Los Caparrapos» y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), al que el Gobierno denomina Clan del Golfo, así como las disidencias de las FARC.
