La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, asegura que el Gobierno de Juan Manuel Santos gastó más dinero en relaciones públicas para promover el acuerdo de paz que firmó en 2016 con la guerrilla de las FARC que en la implementación de lo pactado.
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En una entrevista con Efe en Bogotá, Ramírez afirmó además que el Gobierno del presidente Iván Duque no obstaculiza el acuerdo de paz y que su antecesor «bajó la guardia en la lucha contra el narcotráfico».
Pregunta: Comencemos por el acuerdo de paz, funcionarios del anterior Gobierno critican al del presidente Iván Duque porque consideran que no está haciendo lo suficiente para implementarlo. ¿Qué puede decir al respecto?
Respuesta: Mire, lo más importante es decir que este es un Gobierno absolutamente responsable con el país, este es un Gobierno que jamás cometería la irresponsabilidad de dedicarse a poner palos en la rueda del acuerdo.
Nosotros (como oposición) tuvimos observaciones, las hicimos a tiempo, y lo cierto es que encontramos un acuerdo que ya está aprobado por el Congreso, que ya está aprobado por la Corte Constitucional, y el presidente ha dicho todo el tiempo: «vamos a honrar ese compromiso, sobre todo, por toda la gente que se desmovilizó y que ha venido cumpliendo con sus obligaciones».
Lo que pasa es que el Gobierno anterior gastó mucho más en relaciones públicas para promover el acuerdo que en invertir recursos efectivos para que se dieran las condiciones necesarias para la implementación del acuerdo en el territorio.
El Gobierno anterior ni dejó presupuestado lo necesario para la implementación, ni había tenido avances y logros suficientes en materia de implementación. Nosotros lo estamos haciendo, otra cosa distinta son las observaciones que tengamos sobre temas que son protuberantes como es el caso, por ejemplo, de la participación en el narcotráfico después del acuerdo.
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P: El ex alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo dijo recientemente que el acuerdo de paz está vivo gracias al Congreso y a las cortes, ¿Es así?
R: Yo lo que diría es que ese es un acuerdo que tuvo defectos, que tuvo vacíos y que gracias de todas maneras a la institucionalidad colombiana todos estamos trabajando para corregirlos.
Aquí hay que reconocer que encontramos unos hechos cumplidos y que uno de ellos es la participación de algunos miembros de las FARC en el narcotráfico; un hecho cumplido protuberante que encontramos fue la multiplicación de las áreas sembradas de coca y esto obviamente trae más conflicto, porque aquellas zonas donde está el mayor desarrollo cocalero del país son áreas muchísimo más violentas, donde coinciden los residuales de las FARC con los reincidentes de las FARC, con los grupos de criminalidad, con gente del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La verdadera paz de Colombia lo que requería y lo que sigue exigiendo es una decisión política seria para acabar con el narcotráfico, que es lo que no hubo en el Gobierno anterior, que con el pretexto de estar negociando la paz, bajó la guardia en la lucha contra el narcotráfico a sabiendas que no habrá paz mientras haya narcotráfico en Colombia.
P: ¿Qué se está haciendo para mejorar esa situación, por ejemplo en el Catatumbo o en Nariño?
R: Lo primero que se está haciendo es trabajar de la mano con aquellos campesinos de las áreas cocaleras para garantizarles proyectos productivos que les den un ingreso, un sustento legítimo, un sustento lícito y eso al Gobierno le cuesta un montón de plata y lo estamos haciendo, ¿para qué?, para ir quitándole espacio a la coca en muchos lugares del país.
En segundo lugar, incrementar el esfuerzo del Gobierno en materia de erradicación, ustedes saben que parte de las decisiones que tomó el Gobierno anterior fue suspender la fumigación de cultivos y esa fumigación, está demostrado, ha sido lo que más efectividad le ha dado a la lucha al narcotráfico en Colombia, y como se suspendió la fumigación pues hoy solamente tenemos el recurso de la erradicación manual.
Pero fíjese, cuando salen ellos a criticar lo que hace este Gobierno, se quedan callados frente a la reducción verdaderamente inexplicable que hicieron también de los grupos de erradicadores manuales, porque anteriormente había 115 grupos de erradicación manual y ellos los redujeron a 20 (…) lo que hemos hecho nosotros en estos pocos meses es volver a conformar 100 grupos de erradicadores manuales (…) porque para Colombia la amenaza más grande sin duda es el narcotráfico y es el narcotráfico.
P: ¿El Gobierno va a insistir en las aspersiones aéreas con glifosato?
R: Este es un Gobierno que está totalmente convencido que la guerra contra el narcotráfico hay que darla sin vacilaciones.
Si nosotros no acabamos el narcotráfico, el narcotráfico va a terminar acabando con buena parte de la democracia y de la institucionalidad de este país.
Lo que está planteado por parte de la Corte Constitucional es que antes de utilizar el glifosato para hacer fumigación aérea hay que cumplir con unos requisitos y estamos buscando la manera de cumplirlos para poder combinar la erradicación manual con todo lo que haya que hacer adicionalmente y si toca también con fumigación pues habrá que hacerlo.
Vamos a seguir en esta lucha utilizando todos los elementos y todos los agentes que haya posibilidad de utilizar y que sean aceptables dentro de lo que está dispuesto por la Corte Constitucional.
P: Otro problema grande del país es el asesinato de líderes sociales y de desmovilizados de las FARC. ¿Qué está haciendo el Gobierno ante esto?
R: Lo primero es lamentar la muerte de líderes sociales, nos duele y rechazamos la muerte de cualquier líder social.
Lo segundo es que desafortunadamente sí ha habido un aumento lamentable de la muerte de líderes sociales desde 2016. De 2016 a 2018, años que le corresponden al Gobierno anterior, hubo casi 300 líderes sociales muertos, 281 para ser más precisos.
Este Gobierno, desde el primer día, desarrolló un trabajo con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio del Interior para lograr una mayor efectividad en detectar qué líderes sociales están en riesgo y poder reaccionar oportunamente para darles a ellos la protección adecuada; se estableció el Plan de Acción Oportuna, un decreto que sacó el presidente en el mes de octubre, se han reforzado los esquemas de seguridad de algunos de ellos.
Pero también hay que reconocer lamentablemente que en Colombia líder social es mucha gente: los miembros de las Juntas de Acción Comunal, las personas que están en la restitución de tierras, representantes de las víctimas, víctimas de las FARC, víctimas de los paramilitares también son líderes sociales. Todos ellos sumados son más de cinco millones de personas y es imposible ponerle un esquema de seguridad y un carro blindado a cinco millones de personas, por eso hemos pedido que cuando haya alguno que tenga amenazas, que tenga riesgos, lo avise para poder uno asegurarse que hay una reacción inmediata de parte del Estado.
P: ¿El Gobierno está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para que Jesús Santrich responda ante la Justicia o para que sea extraditado a Estados Unidos?
R: Por supuesto que sí, porque para nosotros lo importante es (…) mostrar que aquí hay una institucionalidad que es superior al deseo de cualquier criminal de mantenerse al margen de la ley y por esa razón lo que ha hecho el presidente de la república es reivindicar la aplicación plena del acuerdo con las FARC; en ese acuerdo quedó establecido que cualquier actividad ilícita que se hiciera después de diciembre de 2016 debía ir a la justicia ordinaria y tendría obviamente todas las consecuencias del caso.
Luego este Gobierno sí va a ir hasta sus últimas consecuencias (…) la institucionalidad colombiana tiene que ser capaz de lograr ese balance entre la paz que todos queremos, pero también la legalidad que creo que todos los colombianos deseamos.
P: Eso nos lleva a la Justicia Especial para la Paz. Hay críticas a la JEP por su actuación, especialmente en el caso de Santrich, y hay quienes proponen revocarla. ¿Cuál es la posición del Gobierno?
R: Lo que ha dicho el presidente Iván Duque es que nosotros estamos totalmente conscientes de que la JEP es una realidad, está ahí, existe y está aprobada por el Congreso, está ratificada por la Corte Constitucional; nosotros lo que procuraremos, siempre dentro de este respeto entre los poderes y la institucionalidad, es insistir en que la JEP, con todos los elementos de juicio que tiene ya a su disposición, con todas las pruebas que han aparecido sobre la vinculación de Santrich, ojalá proceda a darle tranquilidad a los colombianos de que aquí no va a haber impunidad sobre estos nuevos delitos.
Ahora, que el Gobierno esté montado en la idea de desaparecer a la JEP, ese no ha sido un planteamiento.
P: Usted abandera la defensa de los derechos de la mujer. ¿Considera que se puede ganar la lucha contra la violencia de género en un país en donde los abusos contra las mujeres crecen?
R: Yo considero que este tema de la violencia de género también es una deformidad que tiene la sociedad y que tenemos que corregir.
Lamentablemente es una deformidad que vemos en el mundo entero, inclusive en países desarrollados encuentra uno casos de violencia, de feminicidios.
¿Qué estamos haciendo nosotros?, trabajando en distintos frentes: Primero, hacer que la mujer tome conciencia de que no debe permitir ningún tipo de violencia ni agresión física, ni tampoco emocional, sicológica o económica, porque cuando una mujer acepta convertirse en un ser vulnerable evidentemente está mucho más expuesta a la violencia física, inclusive a la muerte.
Queremos que la mujer sea más consciente de la necesidad de tener autonomía y por eso estamos impulsando desde la Vicepresidencia la autonomía económica de las mujeres, el empoderamiento económico, que puedan ser emprendedoras, que les demos el acompañamiento, la financiación, que las hagamos parte prioritaria y preferencial de muchos de los proyectos que tiene el Gobierno.
Segundo, lograr el empoderamiento político. Que las mujeres se metan a buscar el liderazgo en la sociedad colombiana, en la política, en los partidos, en cualquier campo que las haga menos vulnerables.
Y tercero, activar toda la capacidad institucional para que haya reacción inmediata, que ponga a resguardo a las mujeres cuando estén amenazadas, que haya la posibilidad de que ellas, cualquier familiar o amigo, denuncie oportunamente cuando vea que están sufriendo violencia.
P: Muchos colombianos empiezan a manifestar su cansancio con la migración masiva de venezolanos y, al mismo tiempo, el Gobierno carece de recursos suficientes para atenderlos. ¿Cómo ve esta situación?
R: Pues realmente muy delicada. Yo creo que este es el desafío más grande que tiene Colombia en este momento, tanto en política exterior como en materia interna, porque a estas alturas hay un millón y medio de venezolanos en Colombia que generan una presión muy grande en el país.
Recordemos que muchos de esos venezolanos que han llegado al país son hijos de colombianos que se habían ido en el pasado. Hay gente que dice «por qué no cierran la frontera», porque tampoco es tan sencillo como eso. Si son hijos de colombianos, son colombianos también y por derecho propio regresan a su país del que se fueron sus padres hace 20 ó 30 años.
Primero, tenemos que lograr que haya una respuesta a la comunidad internacional (…) a través de los fondos de la ayuda humanitaria que esperamos que sea más generosa (…) hasta ahora ha sido poco generosa esa ayuda.
Y lo segundo, que la comunidad internacional también se vincule en la solución del problema de Venezuela; no podemos dejar que siga pasando y pasando el tiempo a sabiendas de que el tiempo que pasa va a favor de la dictadura ilegítima y criminal que preside Nicolás Maduro.
