La millonaria empresa que buscan que vuelva a ser colombiana

El 'negociazo' que nos estaríamos perdiendo por no hacerla pública

Por EFE - PUBLIMETRO

El senador colombiano Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo (PDA), propuso este martes durante un debate de control político que se regrese a la titularidad pública la compañía Triple A, vinculada con Inassa, filial latinoamericana de la empresa española Canal de Isabel II.

Triple A, empresa que maneja los servicios públicos de Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano, se ha visto salpicada por el escándalo de corrupción del llamado caso Lezo en España.

"Barranquilla tiene la segunda agua más costosa de Colombia y es una ciudad con poco poder adquisitivo. La gente está comiendo menos para pagar el recibo del agua. Propongo que la empresa Triple A regrese a la ciudad y sea pública, que en Barranquilla se haga lo de Medellín para que las utilidades regresen a la ciudad", afirmó Robledo durante su intervención en el Senado.

El parlamentario detalló que en 1993 la Alcaldía de Barranquilla era dueña del 85 % de la empresa y que esta cifra está reducida al 14,5 %, por lo que dijo que los ciudadanos "fueron despojados del patrimonio público".

De ese detrimento culpó al exalcalde Bernardo Hoyos por entregar a privados el servicio de limpieza, así como a la exmandataria Elsa Noguera y al actual alcalde, Alejandro Char, por no actuar frente a estos contratos en "asistencia técnica, software y outsourcing" que llevaron a la compañía a la quiebra.

En octubre pasado la Fiscalía anunció el embargo con fines de extinción de dominio de acciones por 202.000 millones de pesos (unos 61,3 millones de dólares) de Inassa en Triple A y ordenó sanciones para ocho directivos y exdirectivos, varios de ellos españoles.

El pasado 5 de abril la Fiscalía formalizó la demanda con fines de expropiación de las acciones embargadas en una demanda radicada en el despacho del juez penal Ower Gerardo Quiñonez Gaona, de Barranquilla.

Dichas acciones corresponden al 82 % del capital de Triple A, que está participada por Inassa.

Según señaló en ese momento la Fiscalía, en las pruebas que reposan en el expediente se relacionan hechos ocurridos desde 2000 hasta 2017 en los que se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un "contrato de asistencia técnica".

Estos habrían causado un detrimento patrimonial cercano a los 236.853 millones de pesos (unos 71,9 millones de dólares) a Triple A.

El contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando Inassa y Triple A acordaron la entrega del 4,5 % de la recaudación mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y limpieza a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.

Las investigadores calculan que en 17 años de vigencia de dicho contrato se habría pagado la millonaria suma, valor que actualizado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegaría a más de 329.000 millones de pesos (unos 99,9 millones de dólares).

Ante estos hechos, Robledo pidió que los responsables por la quiebra de la empresa respondan y mencionó a modo de ejemplo que en España han enviado a la cárcel a quienes "saquearon la empresa de aguas de Madrid (Canal Isabel II)".

"Para ese robo usaron a la Triple A como su instrumento en Colombia. ¿Y los socios de esa banda en Colombia qué?", concluyó Robledo.

El pasado 30 de mayo en Madrid el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, archivó, a instancias de la Fiscalía española, la investigación que abrió al expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El juez de la Audiencia Nacional adoptó esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera sacar del procedimiento a Gallardón, ministro de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, al no quedar acreditado que conociera los pormenores de esa compra por la que fueron desembolsados 73 millones de dólares.

Al debate de hoy en el Senado asistió también el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien aseguró que en Colombia el 80 % de las empresas de servicios públicos cuentan con dinero gubernamental y que los alcaldes son "garantes de la operación".

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