La Procuraduría pidió al Consejo de Estado la pérdida de investidura del número dos de la antigua guerrilla de las Farc, Iván Márquez, porque no asumió su escaño en el Congreso en el término reglamentario.
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Así lo señaló el Ministerio Público en su cuenta de Twitter, donde justificó su pedido al señalar que el exjefe guerrillero «deliberadamente decidió no posesionarse como senador, desconociendo el acuerdo de paz sobre reincorporación a la vida civil y política de las Farc».
El Consejo de Estado realizará una audiencia pública en la que escuchará los alegatos de un representante de la mesa directiva del Senado, que presentó la demanda de pérdida de investidura.
De igual forma, en la cita estará presente un delegado de la Procuraduría y un defensor de Márquez, jefe negociador de las Farc en los acuerdos de La Habana.
En la querella, la mesa del Senado argumenta que Márquez no tomó posesión de su escaño en el Senado el pasado 20 de julio para el período 2018-2022 por la FARC alegando «falta de garantías», pero no presentó ninguna prueba que lo justifique.
El escaño de Márquez es uno de los diez en el Congreso, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, que le corresponden al ahora partido Farc, en virtud del acuerdo de paz firmado con el Gobierno el 24 de noviembre de 2016.
El paradero de Márquez se desconoce desde abril de 2018, cuando salió del Espacio Territorial en Miravalle, en el departamento del Caquetá, en compañía del excomandante de la columna móvil Teófilo Forero, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa.
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En su momento Márquez aseguró que tenía razones «insalvables» para no asumir el escaño, entre ellas porque la Fiscalía y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en inglés) estaban haciendo un montaje para inculparlo de delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz.
Adicional a esto, la semana pasada la JEP abrió un incidente de verificación de cumplimiento a Márquez para determinar su compromiso con la implementación del acuerdo de paz.
El exjefe guerrillero fue vinculado en junio del año pasado a las investigaciones que lleva a cabo ese tribunal para esclarecer los secuestros cometidos por las FARC durante el conflicto armado y por eso se le llamó a contar su versión el pasado 14 de marzo.
Sin embargo, Márquez ha incumplido las citaciones de la JEP sin aportar las pruebas que justifiquen su desacato a las órdenes judiciales.
La JEP es el tribunal que investiga los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado del país y es la columna vertebral del acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC.
La semana pasada la Cámara de Representantes informó que no posesionará por ahora al exlíder de las Farc Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», hasta que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado respondan inquietudes jurídicas sobre el caso.
La situación jurídica de Santrich, quien recobró su libertad 416 días después de estar preso por narcotráfico y pedido en extradición por EE.UU., ha sido motivo de discrepancias entre el Ejecutivo del presidente Iván Duque, que al igual que la Fiscalía defiende su extradición, y el Poder Judicial que por medio de la JEP, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia ha fallado en favor del excombatiente.
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