Este martes el senador, Jorge Robledo, hizo ante el Congreso de República unas graves denuncias públicas relacionadas con el desfalco y otras irregularidades de la empresa española de servicios públicos Triple A, que opera en Barranquilla.
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Robledo calificó de “enorme” el robo que se produjo en la operadora del servicio de agua, aseo y alcantarillado por parte de sus directivos y aseguró que hubo “gravísimas las irregularidades” encontradas allí tras las diversas investigaciones que la Fiscalía y la Procuraduría han realizado.
Antecedentes
Citando investigaciones de diferentes medios de comunicación como el diario El Mundo en España y otros documentos relacionados en el caso de corrupción de la Comunidad de Madrid contra Canal Isabel II, Robledo expuso que la Fiscalía y la Procuraduría han encontrado un desfalco en Triple A de más de 329 mil millones de pesos, que salieron de las tarifas que fueron “pagadas por la gente de Barranquilla y de los municipios del Atlántico en los últimos 18 años”.
Estas investigaciones en España generaron la reconocida Operación Lezo que desenmascaró al abogado español Edmundo Rodríguez Sobrino expresidente de Inassa principal accionista de Triple A y a otros dirigentes más que están pagando condena en España.
Robledo denunció de acuerdo varios artículos publicados por la prensa española que estos dineros de Triple A entraron en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y otros políticos como el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
El saqueo
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El senador expuso que otro de los exgerentes de la empresa como Ramón Navarro, quien actualmente paga casa por cárcel en Barranquilla, confesó que se habían apropiado de 27 mil ochocientos millones, que el obtuvo 900 millones y hasta el momento no ha respondido por estos recursos dineros.
Robledo detalló que el robo se daba por medio del cobro unas “asistencias técnicas” que desde el año 2012 hasta el 2018 jamás se prestaron para bien de la empresa o la ciudad.
Por todo lo anterior la Fiscalía reveló que hubo un “saqueo” por parte de la Triple A lo que ha originado algunas capturas y medidas de aseguramiento “no restrictivas de la libertad” para una lista de exfuncionarios de la empresa.
En el debate se hizo un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos para que hiciera parte de la discusión y tomara las medidas pertinentes.
La directora de la SAE la Sociedad de Activos Especiales, María Virginia Torres y el nuevo gerente de Triple A, Guillermo Peña, pidieron en mayo del año pasado a la asamblea de accionistas una autoría que fue dilatada en un comienzo. La SAE expuso que en la empresa hubo “falta de objetividad en los procesos de contratación, no brindó información clara en los contratos”.
Robledo señaló como una “grave falta” que la empresa Triple A no haya tenido un auditor y que el revisor fiscal contratado “contara con amplias falencias de conocimiento de la empresa, falta de idoneidad en sus funciones además no mantuvo un manual de contratación claro”.
Detalló una serie de contratos irregulares por la suma 99 mil millones de pesos en servicios que pudo haber realizado la Triple A pero que beneficiaron a terceros.
Advirtió de pagos a socios clase B por “otros conceptos distintos a dividendos” por un valor de 285 millones de pesos del 2003 al 2018. “Hubo un clientelismo y cruce de favores”, expuso.
Sobre el contrato de aseo de la empresa, que era una de sus misiones como organización, reveló que estaba concesionado también a un tercero a nombre William Vélez desde 1994 y que después nunca se hizo licitación.
¿Cómo perciben a Triple A?
Explicó que Triple A goza de una credibilidad en Barranquilla describiéndola como una “mitología” del consumidor en torno a la empresa y los servicios que presta y reconoció que el cubrimiento mejoró en el servicio de agua potable y calidad del agua está en los estándares ideales de consumo.
Sin embargo advirtió que “Barranquilla tiene la segunda agua más cara de Colombia. A los barranquilleros les aumentaron las tarifas de los servicios públicos muy por encima de su capacidad de pago, 11% la tarifa anual del agua y el alcantarillado el 10%. El buen servicio no solo es agua limpia, sino también precio justo”.
Denunció que la pérdida del agua potable tratada es de un 50 por ciento por fugas, lo que equivale 18 metros cúbicos por suscriptor y que no existe un manejo eficiente de las aguas servidas. “Los desechos del alcantarillado van a terminar al mar y a la ciénaga de Mallorquín”, evidenció.
Robledo afirmó que además la empresa había recibido subsidios del Estado desde 1996 por un monto de “415 mil millones de pesos y de 2010 a 2018 por una cifra de más de 298 mil millones de pesos que Inassa capitalizó”.
Recordó que el Distrito Barranquilla era dueño 100 por ciento de las acciones de la empresa en 1994 y hoy tiene el 14.5 por ciento e Inassa posee el 82 por ciento del control de la compañía.
¿Qué hizo el Distrito?
Robledo hizo un recuento desde la década de los años noventa con el auge de las privatizaciones que llegó en el mandato presidencial de Cesar Gaviria.
Los exalcaldes de Barranquilla como Édgar George en el periodo de 1995 a 1997, creó nuevo tipo de acción de socio operador entregando esta concesión a Aguas de Barcelona, contrato que siguió con la Alcaldía de Bernardo Hoyos de 1998 al 2000 y que el mandatario Guillermo Hoenigsberg del 2004 al 2006 demandó, pero la siguiente administración de Alejandro Char continuó hasta 2019.
La solución
El senador Robledo finalizó su debate proponiendo que el negocio del agua y el aseo actualmente intervenido por el Estado regrese a los barranquilleros como una empresa pública y advirtió de las responsabilidades políticas que tuvieron los sucesivos alcaldes de la ciudad en el desfalco a los consumidores.
“El alcalde de Barranquilla Alejandro Char ha sido miembro de la junta directiva de la Triple A. Lo mismo Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla. ¿Qué hicieron para evitar el saqueo de la Triple A?”, preguntó.
El alcalde Alejandro Char estuvo invitado al debate pero no asistió a la sesión del Congreso.
